El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico "Frente" iniciará una serie de amparos y una resistencia civil pacífica contra el nuevo Impuesto de Responsabilidad Ambiental que aplicó este año el gobierno de Zacatecas, bajo el argumento de que este nuevo gravamen ha provocado el anuncio del posible cierre de la unidad minera Madero que pone en riesgo la situación laboral de mil 200 trabajadores.
En conferencia de prensa, Carlos Pavón Campos, secretario general del SNMM-Frente, aseguró que han decidido alzar la voz, porque con estas medidas impositivas se pone el riesgo miles de plazas laborales en la industria minera.
Advirtió que estos nuevos impuestos, al final, repercutirán en los ingresos de los trabajadores, porque las empresas mineras siempre buscarán mantener sus margenes de utilidad "porque eso es su negocio".
Por ende, el dirigente minero insistió en que hay un total desconocimiento tanto del gobierno estatal como de los legisladores al aprobar este nuevo impuesto y asegura que “sólo tiene fines exclusivamente recaudatorios y no ecológicos”, tras considerar que el estado realmente sólo pretende recaudar más de mil 230 millones de pesos que le hacen falta, pero a expensas del sector minero.
“Los mineros no tenemos la culpa de las finanzas en Zacatecas. No es posible que para un rescate financiero que está dirigido al magisterio, se sacrifique al sector de las plazas productivas. A nosotros (los mineros) a las cuatro faltas nos despiden. En cambio, ellos si faltan un día un mes con sus paros laborales, el gobierno sólo renegocia y se les paga, porque no es su dinero y no hacen un correcto uso de los recursos públicos”, agregó.
Lo anterior en referencia a que el gobierno estatal ha declarado que uno de los factores principales de la crisis económica de Zacatecas es por el déficit presupuestal que se tiene para cubrir los compromisos con el sector educativo.
Incluso, retó a las autoridades estatales que apliquen auditorias y estudios y si detectan que las minas están contaminando, simplemente las cierren, porque lo económico no está por encima de lo ecológico.
Carlos Pavón advirtió que hay mineros de varias secciones sindicales que podrían recurrir al amparo y están dispuestos a defender sus plazas laborales, por ello, se va a contratar a un despacho de abogados para ampararse colectivos contra este nuevo impuesto estatal.
Además, insistió en que ni el estado ni la legislatura local tienen facultades para fijar cargas impositivas al sector de la minería ya que esa es una facultad federal.
Reprochó que el nuevo gravamen se suma al impuesto del 7.5% a las utilidades que se cobra desde el 2014 y que alimenta al llamado Fondo Minero, el cual argumentan que éste ya había provocado la disminución de operaciones y la inversión, sin embargo, ese fondo no ha puesto en riesgo las plazas laborales.
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