Un niño tzotzil que fue acusado de ingresar a robar a un domicilio en la colonia La Hormiga, fue desvestido y exhibido en las calles de ese suburbio habitado por miles de indígenas que fueron desterrados violentamente de San Juan Chamula.
No se conoce el monto de lo robado, algunos dicen que el menor de edad ingresó a robar dinero a una casa, mientras que otros aseguran que hurtó una bicicleta, pero que cuando la afectada se dio cuenta de los hechos, pidió ayuda de varios adultos para que buscaran al menor.
Los indígenas cuentan, que el niño fue sacado de su casa, por varios hombres, mientras que la probable ofendida que es identificada con el nombre de Rosa “N”, habría golpeado en repetidas ocasiones al menor del que se desconoce su identidad.
Incluso el padre del menor presenció el incidente, pero no pudo defenderlo, ante el temor de que fuera linchado, agregan.
Los indígenas explicaron que el menor fue desvestido y sostenido de pies y menos por dos hombres, quienes lo pasearon por las calles y que como consecuencia, sufrió un ataque de asma, porque presentó problemas para respirar.
Después de varios minutos de propinarle el castigo, el menor se le permitió regresar a su casa, donde fue acogido por su padres.
En su oportunidad, un funcionario del ayuntamiento fue consultado por el caso y aseguró que la Policía Municipal no tuvo conocimiento de los hechos.
Una semana después de los hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pidió a la Procuraduría de Justicia del Estado, abrir una carpeta de investigación por estos hechos que ocurrieron en el barrio La Hormiga, donde viven miles de indígenas tzotziles expulsados por motivos religiosos de San Juan Chamula, desde hace más de 40 años.
El primer regidor del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, en poder del PVEM, Miguel Ángel Rosas Salas, dio a conocer a la CEDH que supo del caso del niño y que incluso conoció al menor de edad, pero que la mujer afectada en sus bienes no pidió la intervención de la justicia por el presunto robo.
En La Hormiga, es común que a los presuntos infractores de delitos como robos a casas particulares y otros bienes, sean amarrados a postes y los azoten sin piedad.
La CEDH requirió a la Fiscalía de Justicia Indígena, que abra una carpeta de investigación por estos hechos.
Pero la petición abarca a la delegación regional Altos de esa dependencia, para que realice un informe de lo que ocurrió y lo envíe a la sede del organismo, en Tuxtla Gutiérrez, para incorporarlo en el expediente CEDH/OJ/0110/2017.
lsm
