Organismos de derechos humanos acusan que las investigaciones sobre la presunta venta de al menos nueve niños al cuidado del DIF Sonora, que salió a la luz en 2015, se encuentran entrampadas, aunque ellos han logrado documentar el indicio de un centenar de menores —hijos de mujeres con problemas de adicción o en pobreza extrema— que habrían sido dados en adopción por funcionarios estatales a cambio de dinero, entre 2000 y 2015.
El 18 de marzo de 2015, la denuncia de una mujer alertó sobre la posible venta de niños en el DIF Sonora, principalmente a matrimonios estadounidenses. Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arrojaron que una red de presuntos traficantes de menores habían vendido al menos a nueve, por montos que iban de los 80 mil hasta los 150 mil pesos.
Una vez entregados dichos montos, les daban a los bebés con un aviso de nacimiento falso y después las parejas se presentaban al Registro Civil para inscribirlos como sus hijos biológicos, sin pasar por el proceso legal de adopción.
Se trata de hijos de mujeres que dieron a luz en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), quienes padecían algún problema de drogas, alcoholismo o pobreza extrema, sobre las cuales es difícil localizar porque los menores no llevan sus apellidos.
Un total de 16 personas fueron consignadas por su probable participación en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como por la sustracción y tráfico de menores.
Sin embargo, hasta la fecha sólo contra tres se sigue un proceso judicial; dos ya fueron detenidos, y el tercero, José Manuel Hernández López, se encuentra prófugo y es buscado por la Interpol en 189 países.
Raúl Arturo Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien trabaja en el caso, en coordinación con la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos (Fundación Find), comentó que el asunto de los nueve menores, que salió a la luz pública el 27 de agosto de 2015, fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que la delegación en Sonora le entregó más de 2 mil hojas de investigación, entrevistas y testimonios de mujeres que se manifestaron despojadas de sus hijos.
En tanto, en el expediente del caso integrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre el que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ejerció su facultad de atracción —el 11 de septiembre del 2015—, la CEDH logró documentar 17 casos de niños vendidos.
Sin embargo —dijo—, al parecer el asunto atroz e inhumano se encuentra entrampado, pues muchos ex funcionarios presuntamente implicados no han sido detenidos. Se corre el riesgo de que quede en el olvido, aunque en su momento fue tema nacional.
Sobre la situación actual de los niños entregados a padres sustitutos, el DIF Sonora tiene en reserva cualquier dato, en virtud de que el 11 de septiembre de 2015, la PGR ejerció su facultad de atracción y aún se encuentra en investigación, informó Jossie Robles, directora de Comunicación Social de la institución.
Sobre los casos que ellos han logrado documentar desde el 2000 al 2015, “algunos ya son jóvenes, incluso radican en Estados Unidos y fueron vendidos desde el DIF de Sonora”.
Presuntos implicados
Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación Find, asegura que la esposa del ex gobernador de Sonora, Iveth Dagnino de Padrés, está ante la PGR en calidad de indiciada en el caso de tráfico y venta de niños del DIF Sonora, porque la institución estaba a su cargo.
En la denuncia AP/PGR/SON/HER-VI/-07/-
2015, está documentada la participación de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la Línea Protege del DIF; José Manuel Hernández López, ex director jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, y su pareja sentimental, Emma Consuelo Falcón.
También está implicado en estos casos personal del Centro de Atención Integral a Menores (Caims), del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) y, Édgar Vázquez Tello, doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien vendía los avisos de nacimiento de los recién nacidos, informó Estrada Juárez.
Emma Consuelo, involucrada en los procedimientos ilícitos para entregar bebés recién nacidos, fue detenida el 11 de marzo de 2016. Se encuentra confinada en el Centro de Reinserción Social Femenil de esta ciudad.
En tanto, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal fue aprehendido el 27 de septiembre de este año, en las inmediaciones de un rancho entre los municipios de Naco y Agua Prieta.
Está recluido en el Cereso 1 de Hermosillo, acusado de suposición, supresión, ocultación, sustitución de infantes, sustracción y tráfico de menores e incumplimiento de un deber legal.
Jornalera recuperó a su hijo
En agosto de 2015, el DIF Sonora recuperó a tres niños vendidos y los depositó en la casa-hogar Unacari. Se liberaron ocho órdenes de aprehensión contra los padres sustitutos, pero la fiscalía determinó dejar sin efecto la acción penal y les regresó a los infantes, con fundamento en el interés superior del menor. A los menores de edad se les extrajo una muestra de ADN, se les conservará el anonimato y las actas de nacimiento quedarán tal como están, en tanto llegue un padre biológico y los reclame.
En septiembre pasado, la jornalera Silvia Campos recuperó a su hijo, que le había sido quitado cuando enfermó. Ha sido el único bebé que regresó con su madre biológica.
