Las líneas de pasajeros Primera Plus, Parhíkuni y ETN suspendieron las corridas de autobuses en gran parte del territorio michoacano, debido a las advertencias y acciones que han adoptado los normalistas de la entidad, en la que han robado e incendiado varias unidades en los últimos días.
Los normalistas han aumentado el nivel de violencia para exigir la liberación de sus compañeros detenidos y recluidos en un penal de mediana seguridad por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad, Robo Calificado y Ataques a las Vías Federales de Comunicación.
“Por falta de garantías y seguridad para transitar en el estado de Michoacán, nuestro servicio se suspende a partir del primer minuto de este 30 de septiembre y hasta nuevo aviso, desde y hacia los siguientes destinos: Apatzingán, Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Sahuayo, Uruapan y Zamora”, publicó en sus redes sociales la empresa ETN-Turistar.
Como un “aviso urgente”, Primera Plus informó a sus usuarios del servicio que se han vistió en la necesidad de suspender todas sus salidas desde Michoacán a los diferentes estados de la República Mexicana, así como de éstos al interior de la entidad.
“Lo anterior por razones de seguridad, ya que desgraciadamente nos reportan actividades hostiles en las carreteras que incluyen secuestro y quema de vehículos”, señaló la empresa de autotransporte.
Primera Plus, agregó que para esta empresa, es prioritario salvaguardar la seguridad de sus clientes, por lo que se han visto en la penosa necesidad de tomar esta decisión.
Parhíkuni también publicó la suspensión de todas sus corridas, por falta de garantías y seguridad para transitar en las diferentes carreteras del estado de Michoacán.
Se espera que en las próximas horas lo hagan las demás líneas de autobuses de pasajeros, lo que dejaría incomunicada a la entidad, vía terrestre, tal como sucedió del pasado 25 al 27 de agosto, que afectó a cerca de 9 mil usuarios diarios.
En esa ocasión, se cancelaron cerca de 750 corridas diarias por las mismas circunstancias, lo que generó que ciudadanos y empresarios pidieran el uso de la fuerza pública contra los normalistas, para acotar la ola de violencia que generaron en varias regiones del estado.
El empresario Roberto Ramírez Delgado, también señaló que ante la falta de acuerdos y la radicalización de los normalistas, es necesario ya el uso de la fuerza pública de los tres niveles de gobierno.
El empresario y presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto Ramírez dijo que ante las afectaciones a todos los sectores de la población, se requiere el uso uniforme de la fuerza pública, de los tres órdenes de gobierno.
Ante las afectaciones a los usuarios del transporte de pasajeros que se vieron impedidos para trasladarse a sus destinos por la paralización del servicio, Ramírez Delgado lamentó que las acciones vandálicas de los normalistas afecta a todos los sectores de la sociedad civil, tanto económicas, empresariales, como de la ciudadanía.
“En ese sentido, hemos insistido con el gobierno federal y estatal para que se aplique el estado de derecho, porque no se puede seguir teniendo este estatus de tolerancia permanente porque hay ciertos límites que se trastocan cuando ya se afecta de manera grave a los terceros en sus bienes y en sus posibilidades para comunicarse a cualquier sitio, por estas acciones de los normalistas”, resaltó.
Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), advirtió en que estas medidas de cancelar las corridas son tomadas al no existir acciones de las autoridades ante el robo con violencia y quema de autobuses de parte de los normalistas en sus zonas de influencia.
Los usuarios del servicio de autotransporte también exigieron la intervención de las autoridades con el uso de la fuerza pública contra normalistas, pues se dijeron afectados en su trabajo, en lo económico y en lo personal al no poder llegar a su destino.
“Ojalá el gobierno haga pues algo, porque estos normalistas nos perjudican a muchas personas que no tenemos nada que ver con sus problemas. Yo creo que el gobierno ya debería ponerse en su lugar y poner a estas personas en su lugar”, señaló Francisco Javier Cázares Facio, uno de los usuarios afectados.
