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Nahuatzen.— Estudiantes de las diferentes normales del estado de Michoacán retuvieron a cinco policías de este municipio y los mantienen privados de su libertad en la comunidad de Arantepacua, donde condicionaron su liberación a cambio de la de sus 30 compañeros consignados ayer ante un juez de control.

Uno de los representantes señaló que el acuerdo con autoridades estatales era dejar en libertad al director de la policía municipal de Chilchota, Alfredo Lucio Ríos Chávez, a cambio de que soltaran a sus compañeros; sin embargo, no fue así, acusó. Según el normalista, los cinco policías retenidos fueron privados de su libertad en la presidencia municipal de Nahuatzen, porque, explicó, “fue el alcalde quien fungió como mediador con el gobierno y quien nos traicionó”.

Como parte de sus acciones de presión hacia el gobierno, los normalistas incendiaron dos vehículos sobre la carretera Uruapan-Zamora y uno más en la comunidad de Pomacuarán, donde exigieron una vez más la liberación de todos sus compañeros detenidos el pasado 27 de septiembre en la comunidad de Carpan, municipio de Chilchota.

Advirtieron que continuarán con sus acciones, cada vez más radicales, hasta que no se deje en libertad a los 30 normalistas presos. Por la mañana, 18 jóvenes fueron liberados y el resto trasladados al penal de mediana seguridad, acusados de privación ilegal de la libertad, robo calificado y ataques a las vías federales de comunicación.

El procurador de Justicia del estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro, señaló que no habrá perdón, ni olvido para quienes actúen fuera de la ley, principalmente para los líderes.

Godoy Castro enfatizó que aunque los jóvenes hayan sido puestos a disposición, signifique que esté acreditada la responsabilidad de los imputados: “Tenemos que ser conscientes de eso y resolverles en los mejores términos”. El fiscal negó que la liberación de los 18 normalistas haya sido una negociación a cambio deñ director de Seguridad Pública del municipio de Chilchota.

El mando policial fue dejado en libertad, luego de 36 horas de que fuera privado de su libertad durante los enfrentamientos entre elementos de Seguridad Pública y normalistas. “Este tema no acaba y ese término de moneda de cambio está muy complejo, porque luego te van a agarrar el modo y no vas a poder resolver la situación”, mencionó Godoy.

En este caso, confirmó que existe una carpeta de investigación abierta para dar con los responsables de este hecho delictivo y adelantó que la dependencia a su cargo tiene al menos seis órdenes de aprehensión más contra líderes normalistas.

“Los líderes enredan a gente inocente; se aprovechan y actúan detrás de ellos. La responsabilidad radica en los líderes y nosotros ya tenemos unas órdenes de aprehensión”, sostuvo el procurador estatal. Para el abogado defensor, Víctor Manuel Alvarado Villegas, no existen pruebas contundentes en contra de las 16 mujeres y los 14 hombres enviados al Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez. Mencionó que aún no tienen definido si solicitarán la duplicidad del término constitucional para presentar las pruebas que les permitan la libertad de esta treintena de estudiantes, por lo que esperará a que realice la audiencia.

Más federales, a la entidad. El secretario de Seguridad Pública del estado, José Antonio Bernal Bustamante, anunció que arribarán en los próximos días 250 elementos más de la Policía Federal para reforzar la vigilancia en los municipios de Uruapan y Morelia, por lo que serán cerca de 7 mil los oficiales que se desplieguen en la zona para trabajos de seguridad, explicó.

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