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Culiacán
La violencia se recrudeció en municipios del sur de Sinaloa, entre ellos Mazatlán, donde las ejecuciones y abandono de cuerpos atados de pies y manos con huellas de tortura, reflejan la lucha por el control del narcomenudeo, considerado “la caja chica” de los grupos delictivos.
Además, se suma la lucha entre el cártel de los Beltrán Leyva y el Cartel del Pacífico por la siembra de marihuana y adormidera en los municipios de Concordia, Escuinapa, San Ignacio, el Rosario y parte alta de Mazatlán.
En una larga franja serrana que colinda con Durango y que parte desde los límites con Nayarit hasta el municipio de San Ignacio, en Sinaloa, el Ejército y la Marina mantienen un despliegue de efectivos para frenar la movilidad de los grupos delictivos.
Sin embargo, continúa en aumento la cifra de homicidios. Con el hallazgo de cinco cuerpos ocurrido en Escuinapa, suman 83 asesinatos en el estado en lo que va del mes, 820 casos en el año, que contrastan con los 670 reportados en el mismo lapso de 2015.
En febrero pasado, en la comunidad los Brasiles, en el municipio de San Ignacio, 13 personas —entre ellas cinco mujeres— resultaron muertas en un enfrentamiento entre grupos rivales.
La ejecución de estas persona, fue atribuida por las autoridades judiciales a una venganza contra familiares de Librado Gamboa Rúelas, identificado como operador del Cártel del Pacífico, cuya supuesta muerte, hace tres años, no está certificada.
Cuatro meses después, en un camino cercano a Cacalotán, en el municipio del Rosario aparecieron los cuerpos decapitados de siete leñadores. A raíz de estos hechos, el comandante de la Tercera Región Militar, Alfonso Duarte Múgica, reveló que las organizaciones del Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico reclutan hombres armados en Chihuahua, Durango y Nayarit. En presencia de empresarios turísticos, en junio pasado, dijo que el Ejército descubrió un campamento de un grupo delictivo en la zona rural de Mazatlán, donde obtuvo pruebas de que personas de otros estados se infiltraron en la zona.
Marco Antonio Higuera, procurador de Justicia de Sinaloa, explicó que, según las investigaciones sobre los cadáveres de las seis personas, cuyos cuerpos atados de pies y manos fueron colocados afuera de una clínica particular, todos tenían antecedentes por secuestro y narcomenudeo.
Las víctimas presuntamente pertenecían al Cártel del Pacífico.
Subrayó que las ejecuciones, sobre todo en el sur de Sinaloa, tienen conexión con una disputa violenta por el control del narcomenudeo, actividad que se convirtió en “la caja chica” de las organizaciones delictivas, puesto que de ahí pagan a sus vigías.
Dos semanas antes, dijo, también en Mazatlán, se localizaron los cadáveres de cuatro personas atados de pies y manos, con impactos de bala.
Y un hecho casi similar se registró en el puerto el 21 de agosto pasado, al ser arrojados los cuerpos de cuatro hombres, en el puente de Prados del Sol.
Sobre el caso más reciente, del hallazgo de cinco cuerpos en la comunidad de la Cienega, en el municipio de Escuinapa, los primeros datos que se tienen es que se localizaron dos unidades con impactos de bala y decenas de cascajos percutidos de rifles.
El secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas, dijo que la autoridad no está echada para atrás y prueba de ello es que el estado y la federación, unen esfuerzos con las Bases de Operación Mixtas para trabajar con áreas de inteligencia. El presidente municipal de Mazatlán, Carlos Feltón, consideró que la nueva escalada de violencia es atacada en forma conjunta con la federación y el estado.
Admitió que arrastra un déficit de 250 elementos de la policía y carece de patrullas y han habilitado vehículos que eran usados por funcionarios municipales, por lo que intentó que el Congreso del estado le autorizara un crédito.
En Badiraguato, donde se han tenido brotes de actos de violencia, como el incendio de viviendas en Huixiopa, La Tuna, dijo que se relacionan con un conflicto familiar.
Sin citar que se trata de un asunto entre Alfredo Beltrán Guzmán y sus primos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, comentó que se mantiene presencia permanente del Ejército, Marina y Policía Ministerial del Estado.
Dio a conocer que algunas de las 17 personas, entre ellas, cinco mujeres y 12 adolescentes que el pasado 16 de septiembre, solicitaron ser escoltadas para abandonar sus hogares en la comunidad de Tereapa, comenzaron a retornar a sus hogares.
