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estados@eluniversal.com.mx
Santo Domingo Tonalá.— Este pueblo ecoturístico de la Mixteca, localizado a 237 kilómetros de la capital del estado, posee 7 mil 153 habitantes de los cuales 78% está entre la pobreza moderada y la carencia extrema, según las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El síndico del ayuntamiento Óscar Hugo Herrera Hernández denunció la falta de transparencia y rendición de cuenta del edil, Adrián Rosendo Zaragoza, del tesorero Pedro Barragán Hernández y de Jorge Alonso Arroyo, asesor contable del municipio.
Todo comenzó el 6 de noviembre de 2014, cuando el síndico y los regidores de Hacienda, Salud, Cultura y Ecología desconocieron y destituyeron al tesorero Pedro Barragán, por malos manejos, falta de comprobación, rendición de cuenta y falta de entrega del estado financiero del municipio, pero a pesar de informar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de la decisión, éste siguió otorgando el dinero de la Federación hasta por más de 15 millones de pesos.
Al no lograr la suspensión de la entrega de los recursos, el síndico como representante legal de Tonalá interpuso una controversia constitucional marcada con el número 2/2015 ante la SCJN por la negativa de la Secretaría de Hacienda del Estado y de la Secretaría General de Gobierno de hacer válida la destitución del tesorero y seguir entregándole los recursos.
Como asesor para armar la controversia, el síndico y sus regidores eligieron al diputado Anselmo Ortiz García, pero éste era “padrino” del tesorero y el asesor contable, y los engañó presentando la controversia fuera de tiempo. Falsificó la firma del síndico, según la denuncia de Oscar Herrera.
“Esta situación nos llevó a otro pleito: demostrar que mi firma fue falsificada. Al final no ganamos y el gobierno siguió dándole recursos hasta el día de hoy al tesorero, porque es él quien dispone del dinero, no el alcalde, él sólo lo manipuló y controló”, denunció Herrera Hernández. Después de un año de espera, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea resolvió el 21 de enero de 2016 que la firma del síndico Herrera Hernández fue falsificada en los documentos de la controversia constitucional y su ampliación.
Amenazas. Después de las series de denuncias, el 11 de febrero de 2015 la agrupación Frente Popular Revolucionario (FPR), que respalda al alcalde, tomó la presidencia municipal. El 9 de abril los ciudadanos simpatizantes con el síndico y sus regidores intentaron rescatar el inmueble; sin embargo, se dio un enfrentamiento que dejó 20 heridos, además de que personas armadas balearon la casa del padre del síndico. Estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público de Huajuapan de León.
Desde esa fecha Óscar Herrera vive amenazado de muerte, por lo que interpuso una denuncia ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el 6 de julio de 2016, pidiendo se investiguen los hechos.
Además, ante la continuidad de entrega de los recursos al tesorero destituido y la falta de transparencia en el manejo de éstos, Óscar Herrera, como parte de la Comisión de Hacienda del municipio, solicitó en cuatro ocasiones a la Auditoría Superior del Estado copia de los estados financieros, balances y petición de auditoría al ayuntamiento.
La respuesta fue negativa. También se solicitó la desaparición de los poderes al Congreso, pero tampoco prosperó. Asimismo, denunció con documentos en mano y audios grabados al edil, de un supuesto secuestro del tesorero para quedarse con una camioneta del municipio y dinero, una extorsión telefónica al alcalde, la inflación de costos de obras y la negación de un informe de las finanzas del municipio por parte de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASE).