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Guadalajara
Salma camina por los andadores del Parque Morelos en el centro tapatío. Es como cualquier chica que pasea por ese jardín a la hora en que cae el sol, pero ella está trabajando: busca clientes que llevará a un hotel cercano para tener sexo.
Al igual que en otras ocasiones, las nuevas autoridades municipales han amagado con reubicarla a ella y a sus compañeras, porque su presencia en esta zona de la ciudad estorba a los proyectos con los que se intenta repoblar el primer cuadro de Guadalajara, municipio que, según datos del Inegi, ha perdido más de 400 mil habitantes en un cuarto de siglo.
Hoy, el proyecto que tiene en alerta a estas mujeres es la Ciudad Creativa Digital, desarrollo inmobiliario impulsado por los tres niveles de gobierno y diseñado especialmente para atraer empresas internacionales creadoras de software.
Ante ésto, Salma, y al menos un centenar de sus compañeras, se organizan para promover un amparo colectivo que obligue a las autoridades de Jalisco a reconocerlas como trabajadoras no asalariadas y con ello obtener algunas certezas jurídicas que les permitirían defenderse de ser desplazadas, algo similar a lo que ocurrió en diciembre de 2013 en la Ciudad de México con trabajadoras sexuales de La Merced.
En 2009 el fallido proyecto de la construcción de la Villa Panamericana para los juegos de 2011 obligó a las trabajadoras sexuales del Parque Morelos y la zona de San Juan de Dios a movilizarse ante la intensión de reubicarlas; llegaron a acuerdos con el cabildo tapatío, encabezado entonces por Alfonso Petersen y, al final, las pugnas políticas en el ayuntamiento echaron abajo la construcción de la villa.
“Cuando estuvo Petersen nunca nos sacó, hizo acuerdo de diálogo, sólo no quería menores de edad y que no hubiera enfermedades como VIH; nos dijo que si una salía con VIH nos sacaba a todas, le dijimos que claro que sí, porque nos cuidamos (…) Aristóteles [Sandoval, quien sucedió a Petersen] empezó a venir, pintaron bancas y arreglaron un poquito el parque, quiso hablar con nosotras, aparentemente nos iba a apoyar, pero después nos quiso mandar un operativo; hicimos una marcha y fuimos a presidencia a hablar directamente, llegamos a un acuerdo y no nos molestaron”, recuerda Salma sobre aquellas batallas.
La actual administración tapatía no ha realizado operativos en contra de las trabajadoras sexuales de esta zona, sin embargo, el 10 de octubre de 2015, tras hacer un recorrido por el Parque Morelos, el alcalde Enrique Alfaro declaró que las reubicaría porque “la Ciudad Creativa Digital no puede convivir con esa gente”; desde entonces están en alerta.
“Alfaro la verdad no quiere dialogar, él trae otros planes por lo que viene de la Ciudad Digital (…) ya nos había comentado que nos dejarían trabajar, pero en cuanto comiencen a construir, como están construyendo de allá [del poniente] para acá, la última zona para construir va a ser el parque, entonces, yo pienso que esto [la reubicación] va a ser para el otro año, a finales (…) vamos a luchar porque no nos quiten de aquí, porque ningún partido ha podido hacerlo y esta no va a ser la excepción; nuestro lema es que el suelo es de quien lo trabaja y la calle es de quien la trabaja”, afirma Salma.
La estrategia de protección. Elvira Madrid es integrante de la organización Brigada Callejera y apoya a las mujeres que se organizan para solicitar el amparo; después de una jornada de salud para detectar enfermedades de transmisión sexual entre las chicas explica que el trámite se hará ante un juez federal y se pedirá que el trabajo sexual se reconozca como un oficio más.
Para agilizar el papeleo, utilizarán la experiencia de la Ciudad de México, donde después de dos años y medio y tres solicitudes se consiguió el reconocimiento laboral.
“Vamos ver con unas compañeras que son abogadas a ver si le entran o conseguir aquí un abogado, ya platicamos con las chicas y están dispuestas a darle, vamos a tener que hacer presión a las autoridades; lo primero es el derecho al trabajo, todos los derechos se han estado perdiendo y con el reconocimiento [laboral] ayudaría a que no haya tanta represión”, indica.
Viridiana sale del cuarto de un hotel en los alrededores de San Juan de Dios, su labial se ha desacomodado por los últimos besos que alcanzó a arrancarle el cliente que recién la deja; sus argumentos para defender su trabajo son claros: “Estar aquí es trabajo, la gente cree que porque estamos aquí y uno gana 50 o 100 pesos es trabajo fácil, pero no; hay que aguantar gente que no conoces, hay gente que no se baña, que es insoportable, pero entras al servicio y dices, ‘ya me falta menos para el cuaderno, ya me falta menos para dejar mañana, para comer, ya mero completo mi renta’, con ese motivo trabajas, porque vivimos al día también”.
Es madre de cinco mujeres, la mayor cursa la preparatoria y asegura que si trabaja en esto es por ellas, porque no hay empleo con el que alcance a cubrir sus necesidades; pero a diferencia de lo que podrían pensar quienes ven a las trabajadoras sexuales como víctimas, Viridiana se sacude esa etiqueta.
“Aquí no hay víctimas, aquí está la que quiere, en todo caso somos víctimas del gobierno, igual que todos, porque nos tiene jodidos y quiere que así sigamos; para rescatarnos nos quieren ofrecer trabajos de mil 200 pesos al mes”.
Las consecuencias de reubicaciones abre las puertas a que las trabajadoras sexuales, que han logrado ocupar un territorio donde están seguras, tengan que arriesgarse a ejercer su labor en otros sitios, advierte Elvira Madrid.
“Las chicas no dejan de trabajar, lo que hacen es irse a otras cuadras más para allá o a otras colonias donde la policía no entra y donde les brindan supuestamente seguridad, que al final de cuentas es también un engaño, porque ya al pagar a ciertas gentes ya no te puedes zafar tan fácil de eso”, indica.
En su opinión, la importancia de obtener este amparo reside en que Jalisco se convertiría en el segundo estado en otorgar este reconocimiento y si se logra que recursos similares prosperen en cinco entidades más la medida tendría que aplicarse en todo el país; por ahora hay planes para iniciar estas luchas jurídicas en Chiapas, Morelos, Michoacán y el Estado de México.
