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Morelia.— A ocho años de los primeros atentados terroristas registrados en el país, ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en esta capital, las víctimas denunciaron que siguen sin apoyo de las autoridades estatales y federales e incluso que han sido ignorados por los diputados locales, quienes extinguieron el decreto que les autorizaba pensiones vitalicias.
En la plaza Melchor Ocampo, donde el crimen organizado hizo estallar una de las dos granadas de fragmentación en plena ceremonia del Grito de Independencia, las víctimas advirtieron que a pesar de sus condiciones físicas y que su salud va en detrimento por las lesiones que les provocaron las esquirlas, no les han dado solución a sus demandas.
Molestos, los sobrevivientes de los granadazos desmintieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dependencia que el pasado lunes aseguró que les habían otorgado apoyos para mejorar sus condiciones de vida. “Nomás eso nos prometieron, pero no vemos nada claro; se tomaron la foto con nosotros como cada año para decirle a la gente que nos apoyan y cuando uno les llama para saber cuándo van a materializarlos, hasta nos cuelgan el teléfono”, expresó Lupita, una de las jóvenes que resultaron lesionadas.
Ante esta situación, las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre en Morelia solicitaron una reunión directa con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, para pedirle que apele ante los legisladores locales a fin de que restituyan el decreto de sus pensiones y gire instrucciones a las dependencias a su cargo, a fin de recibir las atenciones de salud y medicamentos que los han mantenido en pie todos estos años.
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