Con voto dividido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir en el cargo de presidenta municipal de Oxchuc, Chiapas, a María Gloria Sánchez, quien había sido obligada a presentar su renuncia.
Sánchez habría sido presionada a renunciar por el presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez y luego, para disuadirla de retomar la presidencia hubo más violencia, amenazas, y una acusación penal en su contra además de casos de secuestro, detenciones y desplazamiento de familias de la cabecera municipal.
Por eso los magistrados decidieron restituirla en el encargo en el que fue electa en 2015 aunque, aclaró el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco, no puede hablarse de que en este caso --como el que resolvió el TEPJF el pasado 17 de agosto, en que se ordenó la restitución en el cargo de la alcaldesa de Chenalhó—haya habido violencia política de género.
Aquí si bien hay actos de violencia generalizados en la población para su dimisión, no hay pruebas de que haya sido por su condición de género, amén de que ese ayuntamiento ya ha sido gobernado por una alcaldesa, dijo.
De acuerdo a los antecedentes en el municipio hay un patrón de agresiones contra el alcalde en turno, consistente en la quema de su vivienda, agresión al edificio municipal, destrucción de vehículos, violencia en la celebración de plebiscitos, muerte de participantes, exclusión radical de opositores y toma del presupuesto municipal como botín.
El proyecto de sentencia del magistrado Manuel González Oropeza, mismo que fue rechazado, proponía que, dada esa ingobernabilidad, fuera mediante un plebiscito que los pobladores decidieran si debía quedar Sánchez como presidenta municipal, el alcalde sustituto, Oscar Gómez, o se nombraba otro.
“Sólo así podrá sofocarse la violencia que tanto tememos en Oxchuc”, planteó el magistrado.
Pero esa resolución fue rechazada y se decidió ordenar la restitución de la impugnante en el cargo.
En la discusión la magistrada María del Carmen Alanís indicó “no podemos mandar el mensaje de que con violencia pueden arrebatarse los puestos ganados democráticamente“ y aunque tengan derecho a elegir o remover a sus autoridades esto es por la vía democrática, sin violencia.
Si el TEPJF ordena un plebiscito, advirtió el magistrado Pedro Esteban Penagos, “al rato en todos los municipios se desatará la violencia para lograr que haya un plebiscito.
“Me preocupa que la violencia decida, y no el derecho, quién es el presidente municipal”, dijo.
En tanto, el magistrado Flavio Galván argumentó que no procede un plebiscito, “O ¿Queremos devolver el orden constitucional sin atender las leyes? ¿Vamos a desconocer la validez de una elección que en su momento fue declarada legal, válida? ¿Vamos a actuar al margen del derecho ordenando un plebiscito?.
“No puedo dictar una sentencia la margen de la Constitución”, aseveró.
Así, con el voto de 5 de 6 magistrados se resolvió que los 4 regidores que también habían sido electos en 2015 asuman el cargo y se les entregue la remuneración que les correspondía desde septiembre pasado.
En la sentencia se ordenó a la Secretaría General del Gobierno del estado y al Congreso de Chiapas que creen los cauces institucionales necesarios para sensibilizar a las partes en conflicto para el cumplimiento del fallo.
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