estados@eluniversal.com.mx
El gobernador saliente de Veracruz, el priísta Javier Duarte de Ochoa, y el gobernador electo, el Miguel Ángel Yunes, se enfrascaron en nuevas acusaciones de corrupción por la adquisición de propiedades, luego de que el mandatario estatal amplió su denuncia en contra del segundo por 11 propiedades no declaradas, y el panista lo acusó de usar prestanombres y lo invitó a presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) e ir al siquiátrico.
En este contexto, la mañana del jueves se dio la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los hombres más cercanos del mandatario, tras conocerse que es dueño de cinco inmuebles en el complejo residencial The Woodlands Creekside Park, en Houston, Texas, por un valor mayor a 2.4 millones de dólares.
En un comunicado, el gobierno del estado informó que el funcionario dimitió con el fin de aclarar el origen de su patrimonio y defenderse de las acusaciones que se le imputan, quedando como encargado de despacho el mayor José Nabor Nava Holguín, quien fungía como subsecretario de Seguridad Pública.
Ayer, Javier Duarte amplió su denuncia en contra de Yunes Linares por 11 propiedades no declaradas, por más de 300 millones de pesos, en un lapso de dos años, ubicadas en la Ciudad de México y Veracruz, y que supuestamente habría adquirido a través de su hijo Omar Yunes Márquez y la empresa Praxis Long Pralo S.A. de C.V., lo cual, dijo, representa un aumento desproporcionado de su patrimonio.
En la denuncia presentada ante la fiscalía en Xalapa, Duarte de Ochoa afirma que se trata de 11 inmuebles y algunos son casas o terrenos como el del fraccionamiento Rincón del Conchal, en un predio denominado La Pichancha, del municipio de Alvarado, con una superficie de 2 mil 122 metros cuadrados; otro es el ubicado en la calle Horacio, número 1119, colonia Reforma Polanco, en la Ciudad de México, con una superficie de 591 metros cuadrados, donde construyó un edificio de departamentos de varios millones de dólares estadounidenses.
Detalla diversas propiedades adquiridas a través de empresas representadas por miembros de la familia Yunes Márquez, con valores que rebasan los 300 millones de pesos.
Por su parte, Miguel Ángel Yunes Linares fijó su postura sobre la ampliación de denuncia que le hizo Javier Duarte, y en un comunicado le hizo tres sugerencias:
“Que presente las denuncias en mi contra ante la PGR, porque hace casi 20 años no he laborado en el gobierno del estado de Veracruz; que tome mi ejemplo y ponga sus bienes a su nombre y no de prestanombres y que consulte pronto a un siquiatra”.
Vendió Yunes terrenos con sobreprecio. El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, habría vendido cuatro terrenos al gobierno de Veracruz en 20 veces el precio al que él los adquirió.
Documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL muestran las escrituras de compra-venta por parte del mandatario electo de Veracruz.
Por los cuatro terrenos adquiridos por la empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles S.A., cuyos socios son Miguel Ángel Yunes Linares y su esposa Leticia Márquez, pagó 382 mil pesos, según las escrituras: 38 mil 800, 10 mil 443, 41 mil 697 y 41 mil 815, de las cuales dio fe Joaquín Tiburcio Rodríguez, notario público número 11 del Distrito Judicial del puerto de Veracruz.
Posteriormente el gobierno del estado de Veracruz adquirió a la empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles S. A. los mismos inmuebles por un valor de 7 millones de pesos, según consta en escritura pública.
En la escritura quedó asentado que los predios vendidos suman 38 mil 335 metros cuadrados y están ubicados en un punto conocido como La Encrucijada, a un kilómetro del municipio de Coatepec y a 7 kilómetros de Xalapa.
El documento de compra-venta con el gobierno del estado fue expedido en el municipio de Coatepec, en el Registro Público de la Propiedad, inscribiéndolo Miguel Marenco Sánchez, notario público número 2 de Xalapa, Veracruz, el 10 de junio de 1985, cuando Yunes Linares era oficial mayor de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y, en ese mismo año, subdirector general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Este diario buscó al gobernador electo para conocer su postura sobre esta transacción, pero no se le localizó.
