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Oaxaca.— El joven se lleva las manos al rostro. Está desesperado. Su padre está preso injustamente, dice, y tiene a su familia en crisis económica y moral.
“Ya no sabemos qué hacer, hemos ido a tocar puertas; sólo nos queda esperar y crear conciencia al magistrado para que pueda juzgar conforme a derecho, pero también en sentido humanitario”, dice Heliodoro.
Su papá, un campesino zapoteca de Tlacolula de Matamoros, cumplió seis meses en prisión, acusado de matar tres conejos en un terreno de siembra, de propiedad comunal, y el Ministerio Público pide nueve años de cárcel.
Todo porque el predio forma parte de una zona federal protegida, donde hay vestigios arqueológicos y prehispánicos. Pese a que los abogados han planteado que no cometió el delito del que lo acusa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que no hay evidencias y que por ser indígena podría atenerse a algunos beneficios de la ley, el juez de la causa se niega a liberarlo, dice el joven.
Para ello, el juzgador requiere un dictamen antropológico, que tardará varios meses; además, pide una certificación de que no es un peligro para la sociedad, dictámenes que tienen un costo superior a 100 mil pesos.
“Estamos desesperados, atravesamos por una situación difícil, es un mal momento familiar. No entendemos por qué el afán de tener a una persona presa por tres conejos, cuando hay otras más peligrosas o que han cometido delitos graves”, dice Heliodoro Morales Soriano, hijo del campesino zapoteca.
Niegan juicio acusatorio. De acuerdo con el abogado que lleva la causa, Rodolfo Moreno Cruz, el presunto delito se cometió en 2012; sin embargo, el 30 de enero de este año policías federales aprehendieron a Heliodoro Morales Mendoza en la sede del palacio municipal, tras lo cual fue llevado a un penal estatal, ubicado en Santa María Ixcotel, en el municipio de Santa Lucía del Camino.
“Hemos solicitado que se aplique el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero el juez Segundo Penal de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa, se niega y argumenta que aún no tienen personal en la autoridad en materia de medidas cautelares que pueda dictaminar el caso”.
El Poder Judicial basa su juicio en el Código Penal Federal, que establece en su artículo 420, fracción III, “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa, a quien ilícitamente:
Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres”.
El terreno de la zona comunal que labra el campesino zapoteca está integrada a un área natural protegida, por las cuevas prehistóricas y zona arqueológica de Yagul, y fue decretada en junio de 1999.
El abogado reclama que no hay una persona formal que presentó la denuncia penal, que se lleva en el expediente 121/2013; asimismo, que el juez no tenga flexibilidad para analizar el caso, pese a que presuntamente con las reformas de 2011, la justicia debería ser más humana.
“Para justificar la identidad indígena piden un dictamen que deberá realizar la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y que lleva varios meses; también piden un dictamen técnico que no es una persona de alta peligrosidad, mismo que tiene costos superiores a los 100 mil pesos, y que deberá erogar el Estado como la víctima”, explica.
Para Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE), de ser así, el juez debería apegarse a los preceptos constitucionales, que en el artículo 19 establece los delitos que ameritan prisión oficiosa y por la muerte de tres conejos no aplica en este caso.
Además, considera que en todo caso debería usarse el criterio de que sea juzgado en una comunidad, debido a que se rigen por usos y costumbres, pues si bien argumentan la violación en una Área Natural Protegida, no se elimina el mandato constitucional.
El especialista comenta que no debería haber problema para que se realice un proceso abreviado, con el nuevo sistema penal, pues las autoridades federales deben garantizar este beneficio.
EL UNIVERSAL buscó a autoridades en la delegación de la Conanp, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.
Defienden honorabilidad. “Tenemos documentos con firmas; personas y autoridades de Tlacolula han firmado escritos donde hacen constar que mi padre es una persona honorable, incluso en el reclusorio está catalogado con buena conducta”, refuerza Heliodoro Morales hijo.
Añade: “De ninguna manera ha querido causar un daño o desequilibrio ecológico; si hubiera sido el caso, los conejos no son una especie en peligro de extinción; también, en muchas comunidades son cazados para alimento”.
