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Uno de los primeros temas que planteará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la Secretaría de Gobernación será el establecimiento de una relación bilateral con el gobierno federal para obtener el reconocimiento oficial de la disidencia magisterial como sindicato, revelaron profesores integrantes de la Dirección Política Nacional del organismo.
La formalización de esta relación es una exigencia que mantiene la coordinadora desde que en junio de 2015 quedaron suspendidas las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación.
La CNTE no es un sindicato, sino una rama del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se separó en 1979 en búsqueda de democratizar los procesos al interior del organismo para la elección del Comité Ejecutivo Nacional.
Roberto Rodríguez, investigador de la UNAM, explicó que convertirse en un sindicato reconocido por la autoridad le permitiría a la coordinadora controlar las cuotas de sus agremiados y no tener que depender de que el SNTE las transfiera, además de que podría hacer sus propias negociaciones políticas.
“Hay un asunto económico; ellos serían los receptores de las cuotas sin tener que pasar por la administración del SNTE. Probablemente represente o tenga un matiz más político e ideológico de marcar una separación del sindicato, con el cual han estado peleados durante años”.
Separación. Actualmente el SNTE tiene una representación nacional y ostenta la titularidad del contrato colectivo de trabajo; esto quiere decir que al tener el mayor número de agremiados es la instancia que negocia las condiciones laborales directamente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), como el alza salarial anual.
Según la forma en que sea procesado el reconocimiento —como sindicato en cada entidad, como conjunto de sindicatos estatales o como un sindicato nacional— le implicarían “ventajas sin límites” porque podría irse a huelga o a paro legalmente sin las repercusiones de despido que actualmente tiene de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, por ejemplo.
Aunque su presencia es mayoritaria en cinco entidades: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México, la coordinadora no tiene a nivel nacional la capacidad para disputar la titularidad del contrato colectivo de trabajo al SNTE, explicó el investigador del Colegio de México Manuel Gil Antón.
“La coordinadora es parte del SNTE, es una corriente del sindicato que tiene mayoría en estos cinco estados. Hay otros sindicatos independientes de profesores, pero como no tienen a la mayoría no son los representantes del máximo interés profesional, como sí es el SNTE”.
En la primera mesa que se establece hoy se abordarán temas políticos, pero también económicos. En ella, la CNTE planteará la liberación de los líderes magisteriales a quienes considera presos políticos. También se hablará del descongelamiento de las cuentas bancarias de la Sección 22; la entrega de pagos retenidos a profesores de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y la normalización de nombramientos administrativos.
Además, pedirá echar atrás los ceses de más de 3 mil profesores que se negaron a participar en la evaluación del desempeño docente y acordar la entrega de plazas automáticas a los egresados de las normales.
El ánimo del magisterio disidente cambió durante la reunión del pasado lunes entre los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Hoy habrá una nueva sesión de diálogo y se esperan dos más para el 19 y el 21 de julio.
Según un documento que hizo público la CNTE, la mesa del día 19 será la educativa. En lugar de llevar a cabo la firma de minutas, los profesores estarán planteando trazar una ruta de foros y consultas ciudadanas para establecer cambios a la reforma y el nuevo modelo pedagógico.
En la última mesa, la social, se incluirán las demandas de distintos sectores sociales y se abordarán las problemáticas de comunidades que han sido afectadas por la “actuación “represiva” del gobierno federal. Se planteará, por ejemplo, la situación de de Nochixtlán, las demandas de sectores campesinos y de organizaciones de padres de familia.
