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El fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, indicó que analizan solicitar la pena más alta contemplada en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Yucatán -que es de 12 años de prisión-, en contra de los cinco policías municipales de Tekax que torturaron a una persona y cuyo hecho fue grabado en video y difundido en redes sociales.
Indicó que los elementos policiacos ya fueron imputados, están en prisión preventiva como medida cautelar, y que un juez de control ha fijado el viernes para resolver su vinculación a proceso.
“Consideramos que vamos a lograr la vinculación a proceso para iniciar la investigación judicial y solicitar las sanciones que correspondan por este lamentable hecho”, señaló en entrevista.
Precisó que el delito que se persigue es tortura y que “fue un caso de excepción” en las corporaciones policiacas yucatecas.
Aldecua Kuk señaló que la Fiscalía persiguió el hecho por oficio, pero además dos personas presentaron denuncias penales acusando que fueron torturadas por los policías de Tekax.
Es decir, además del sujeto que aparece en el video sufriendo agresiones, hay otra persona que al parecer también fue torturada por los uniformados, quienes “querían obtener información sobre un supuesto robo de ganado”.
Indicó que la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura contempla sanciones de 3 a 12 años de prisión para quienes cometan ese delito, y que en este caso en particular la Fiscalía probablemente solicitará la pena más elevada al juez en contra de los municipales.
El fiscal declaró que el gobierno del estado y la dependencia a su cargo han trabajado con los 106 ayuntamientos en la importancia de aplicar procedimientos para salvaguardar la integridad y respetar los derechos humanos de los implicados en las investigaciones de delitos.
En ese sentido, sostuvo que los hechos ocurridos en Tekax fueron un caso de excepción, “que lamentamos como autoridad y ciudadanos, pues hay que entender que para combatir el delito hay que actuar en el marco del Derecho y el respeto a los derechos humanos”.
El funcionario informó que en el último año han abierto cerca de 40 carpetas de investigación sobre denuncias de tortura de imputados, que aseguraron recibir agresiones por parte de autoridades para obtener información sobre hechos delictivos.
spb
