Monterrey.— Apenas el 26 de mayo pasado el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, visitó el penal de Topo Chico para convivir con los internos y sus familias.
Seis días después se registró una riña que dejó tres muertos, 19 heridos y el repunte de la violencia en ese reclusorio, catalogado como foco rojo.
Para el secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, los enfrentamientos “son consecuencia de que el gobierno estatal asumió el control de los penales después de la masacre registrada el 11 de febrero que dejó 49 internos muertos”.
Expuso que al retomar el estado el control terminó con un gran negocio que por años había existido en Topo Chico, que tiene que ver con la extorsión, las amenazas y el cobro de cualquier tipo de acción o prebenda. “Esto generaba un negocio fuerte dentro del penal y servía para apoyar a grupos de la delincuencia en el exterior”, dijo.
Acompañado por el procurador de Justicia, Roberto Flores, y el titular de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, el secretario de Gobierno agregó que cuando empezaron a ver que eran menores esos flujos de dinero que activaban a la delincuencia externa, las cabezas del Cártel del Noreste consideraron que quien estaba fallando era el líder que ellos habían dejado en el penal, es decir, Orlando Galindo Puente o Jesús Galindo Puente, El Maruchan, El Javi o El Chocorrol.
Y así “al ver que El Maruchan no estaba cumpliendo con las cuotas que recibían cuando el estado no tenía el control de Topo Chico, “toman la decisión de tratar de quitarlo como líder”.
Eso generó el incidente donde murió el citado líder, así como dos de sus seguidores, de nombres Edelmiro Guadalupe Gaspar González Rubio y Jesús Ledezma Ramírez, que trataron de protegerlo de los integrantes del mismo grupo delictivo.
Con base en lo anterior, dijo Manuel González, los hechos violentos de la noche del miércoles, a diferencia de lo ocurrido en febrero, no es un motín, es un asesinato llevado a cabo por integrantes del mismo grupo, y “no tienen nada que ver con un intento de riña, ni con un intento de fuga, ni con una agresión de parte de las autoridades del penal hacia los reos”.
Mientras tanto, algunas familias se apostaron afuera del penal, donde funcionarios les dieron informes sobre el estado físico y jurídico de los reos.
Anuncian remodelación. El secretario de Gobierno informó que como parte de las acciones para ordenar el penal redelimitarán las áreas internas para tener un mayor control de los reos.
Mencionó que no se cuenta con recursos para iniciar la construcción de otro centro penitenciario, por lo que se optará por modificar las instalaciones. La Federación, dijo, “tiene una excelente coordinación con nosotros, el hecho es que no hay recursos”.
