Al considerar que no reúne las condiciones para la reclusión y reinserción social de delincuentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) planteó a autoridades de Nuevo León que tomen las medidas para cerrar en definitiva el penal del Topo Chico.
La titular del organismo, Sofía Velasco Becerra, informó hoy que presentó un informe especial sobre las condiciones prevalecientes en el Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, ubicado al noroeste de Monterrey, el cual entregará al gobierno estatal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Busca contribuir a la labor que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectúa en torno al Sistema de Reinserción Social y particularmente a los trabajos que realiza sobre los hechos ocurridos en los pasados meses de febrero y junio en este centro de reclusión –en operación desde 1943-”, dijo la ombudsman.
Abundó: “La débil atención a los pronunciamientos de los organismos de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, han derivado en los irreparables hechos que tuvieron lugar en el penal Topo Chico el 11 de febrero y el 1 de junio de 2016, en los que perdieron la vida 49 y tres internos, respectivamente”.
Apuntó que “los disturbios entre internos presentados en el Penal del Topo Chico en el primer semestre de 2016, evidenciaron que el derecho a la vida y a la integridad y seguridad personal de las internas e internos del penal del Topo Chico no está garantizado”.
Expuso que “la CEDH Nuevo León ha intensificado su presencia y su labor en el centro penitenciario, con el fin de impulsar la implementación de acciones efectivas que garanticen condiciones de internamiento dignas y la vigencia plena de los derechos humanos de la población reclusa”.
Las visitas al centro penitenciario durante el presente año permiten “constatar la existencia de condiciones de internamiento que atentan contra la dignidad de la población penitenciaria”, enfatizó.
Lo anterior, añadió, “tanto en aspectos materiales o de infraestructura, como en deficientes servicios de seguridad, salud, higiene, educación y trabajo, evidenciando así el incumplimiento de la responsabilidad del gobierno nuevoleonés como garante de los derechos humanos de dicha población”.
Apuntó que las evaluaciones a la baja por parte de CEDH y CNDH lo demuestran, toda vez que “Nuevo León en el año 2006 obtuvo una calificación de 7.27 y el segundo lugar nacional entre las 32 entidades federativas que conforman la República, mientras que ya para el año 2014 obtuvo una calificación de 5.20, ubicándose en el vigésimo sexto lugar”.
Dentro de las conclusiones del informe, Velasco Becerra sostuvo que “el ejercicio del mando o gobierno del penal del Topo Chico resulta inviable para la autoridad en razón de las deficiencias estructurales y funcionales que presenta en lo particular este centro penitenciario”.
Sostuvo que “el no ejercicio del mando por la autoridad se traduce en no poder garantizar el derecho a la vida, a la integridad y seguridad de las personas que jurisdiccionalmente están privadas de su libertad”.
Puntualizó que “adicionalmente se han documentado casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes cometidos por reclusos en perjuicio de sus pares, lo que del mismo modo evidencia la falta de control efectivo al interior del centro”, dijo.
