Es sábado por la tarde y Miguel descansa en una hamaca tras terminar una semana de trabajo en una parcela de chile en Los Humedales, considerado la capital económica de Colima; para su patrón, las más de ocho horas diarias que él y sus compañeros laboran bajo el sol no ameritan el pago de más de 140 pesos por jornada: “Es poquito”, reconoce Miguel y guarda silencio.
Él es una de las 273 personas —100 menores de edad entre ellas— cuyas precarias condiciones laborales denunció el DIF municipal hace días. Como Miguel, todos los que habitan este campamento improvisado de casas de plástico y palos desde octubre del año pasado, vienen de Guerrero. Son indígenas y aunque conocen perfectamente el español, lo utilizan sólo lo indispensable porque su vida se piensa en otra lengua.
Nadie sabe para quién trabaja
—¿Quién les paga?—, se le pregunta.
—No está ahorita— dice y da otro empujoncito con el pie para mecerse en la hamaca.
—¿Pero es una empresa o un particular?
—Una empresa…
—¿Y los niños trabajan?
—A veces ayudan, andan por ahí—.
Su cortesía y amabilidad no disimulan la desconfianza que se levanta ante las preguntas de un extraño. Miguel muy poco expresa sobre las condiciones laborales del lugar o sobre si existe siquiera un contrato; él sólo sabe que tal vez en mayo dejen esta región y vayan a otro sitio a buscar más trabajo.
A la entrada del campamento, Luisa toma un poco de leña que han traído otros de sus compañeros en una camioneta; varios niños deambulan entre las pequeñas casas y buscan cómo divertirse, algunos de los más chicos están totalmente desnudos, los mosquitos los rodean y no cesan de hostigarlos.
En las parcelas, ubicadas detrás de la Universidad Tecnológica del Maíz, varios productores tienen hectáreas de hortalizas y cada uno tiene acuerdos distintos con sus trabajadores, pero ni Luisa ni Miguel conocen el nombre de la persona que los emplea; ellos saben que es trabajo temporal, que pueden traer a sus familias y que se les permite acampar frente a la parcela en que empeñan sus días.
“A mí no me tocó nada”
A unos metros de donde Luisa recibe la leña, un grupo de mujeres se aglutina en torno a una bomba que sirve para el riego de las hortalizas, de ahí también pueden extraer agua para su consumo y lavar algo de ropa.
“Yo no los he visto, a mí no me han dado nada”, responde Luisa cuando se le pregunta si las autoridades han venido a verificar sus condiciones laborales y si el DIF de Manzanillo —como lo ha manifestado su directora, Lilia Delgado— les ha enviado despensas y medicinas.
Sobre el camino que divide la parcela y el campamento, un hombre vende ropa en la parte trasera de una camioneta, una mujer que acaba de comprarle una camiseta de 20 pesos a uno de sus hijos, asegura que sí vio a un grupo de gente hace unos días, supone que eran autoridades y confirma que algunos llevaron cosas, pero, señala, “a mí no me tocó nada”. Juan y su familia están reunidos en torno a una pequeña fogata frente al refugio en el que duermen seis personas, hablan en su lengua, acaban de comer frijoles y tortillas: “Pues así es como le hacemos siempre”, dice para explicar que esta es su forma de vida en el campamento que les da trabajo, pero sus reflexiones más profundas no están hechas para decirse en otra lengua a la que no están acostumbrados.
Autoridades buscan el diálogo
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Colima, encabezada por Vicente Reyna Pérez, existe un “grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias (GCE)” en el que participan diversas dependencias de los tres niveles de gobierno y que desde el pasado 23 de febrero realizaron “una visita de apoyo e inspección” en esta zona del estado.
La dependencia informó que tras constatar las condiciones en las que se encuentran estos jornaleros “se invitó al productor a dialogar, pero no se contó con su asistencia”.
Ante esta negativa, la secretaría convocó a una nueva reunión de trabajo “de carácter urgente” con diversos productores de los campos agrícolas de Los Humedales para dialogar con ellos e “informarles sobre las obligaciones que les impone la Ley Federal del Trabajo a fin de que sean cumplidas de inmediato, pues de lo contrario se instaurarán los procedimientos administrativos sancionadores”.
También se informó que se realizarán pláticas con los jornaleros con el fin de solicitarles que por ningún motivo permitan que sus hijos menores de edad los acompañen o trabajen en los campos agrícolas, ya que la legislación laboral lo prohíbe.
La directora del DIF Estatal, Mayrén Polanco Gaytán, señaló que tras visitar la zona se tomó la decisión de adaptar aulas móviles para brindar a los menores educación preescolar y primaria, adaptar comedores para los infantes, llevar a cabo registros de nacimiento para quienes no cuenten con documentos oficiales, realizar campañas de vacunación y afiliarlos al Seguro Popular.
