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El Congreso del estado dio entrada a la denuncia de juicio político en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, presentada por los diputados del PAN.
Durante la sesión de la diputación Permanente, la solicitud se turnó a las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales.
Los diputados albiazules presentaron el 3 de marzo dicha denuncia, acusando al mandatario de cometer actos y omisiones en su gobierno.
Concretamente, los panistas señalaron al titular del Ejecutivo por presuntas violaciones a la Constitución y omisiones al deber de cuidado en materia presupuestal, mala administración de recursos por más de 35 mil 400 millones de pesos, así como incumplimientos a la Constitución por el incremento de la deuda pública estatal.
Además, señalan vejaciones a la Constituciones federal y del estado, por actos e intromisión en procesos electorales y denunciaron que ha afectado el funcionamiento de entes públicos, como la Universidad Veracruzana y el Poder Judicial del estado, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinatos de periodistas y desapariciones forzadas.
De acuerdo con el procedimiento, ambas comisiones cuentan con tres días hábiles para determinar si la solicitud cumple o no con los requisitos para turnarlo a la Comisión Instructora y que siga su curso, según el artículo 19 de la Ley de Juicio Político.
Dicho artículo establece que, recibida la denuncia, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinarán si la denuncia cumple con los requisitos, para lo cual se formularía el dictamen previo, junto con el expediente, en la Secretaría General.
En un proceso de juicio político, además del Congreso del estado, también interviene el Poder Judicial, pues el pleno del Tribunal se constituye en jurado de sentencia y la Sala Constitucional con el carácter de Comisión de Enjuiciamiento.
El diputado Ciro Félix Porras señaló que la denuncia de juicio político seguirá su curso legal si existiera una averiguación debidamente fundada, pero es claro que se trata de una “circunstancia político-electoral”, expresó el presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso veracruzano.
