La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos el pasado 11 de febrero de 2016 en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, con un saldo de 49 personas muertas y 12 más heridas.
Mediante un comunicado, la CIDH urgió al Estado investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar y sancionar a los responsables.
Según declaraciones oficiales, se realizó un despliegue de la fuerza estatal, en el cual participaron también elementos del Ejército, de la Marina y fuerzas federales, quienes retomaron el control del centro penitenciario aproximadamente 90 minutos después de que iniciaron los hechos violentos.
Además, se reveló que después del enfrentamiento, Nuevo León habría determinado el traslado de aproximadamente 230 internos del penal de Topo Chico a otros centros de detención.
Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de los familiares, no habrían sido informados sobre los internos que serían trasladados ni dónde, como medida de seguridad, recoge el organismo internacional.
Cabe destacar que el Estado tiene el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las condiciones personales de los internos, considera la CIDH.
Según con declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, los hechos de violencia referidos tuvieron lugar en una situación crítica de hacinamiento.
En este sentido, la CIDH urgió al Estado mexicano a adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma.
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