Analistas en materia de seguridad y sistema penitenciario coincidieron en que el hecho de que jueces hayan dado amparos a delincuentes rivales en Topo Chico no exime de alguna responsabilidad al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.
En entrevistas por separado, los especialistas Javier Oliva, de la UNAM; Gerardo Rodríguez Sánchez y Armando Rodríguez Luna, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), advirtieron que el principal problema son la impunidad y la corrupción que imperan en el sistema penitenciario mexicano.
Olivia aseguró que “lo que preocupa es de nuevo la improvisación y que no es hasta que ocurre una desgracia como ésta cuando comienzan a darse cuenta de que las cosas están mal”.
Dijo que “no es rápido tomar decisiones, pero eso no lo exime de responsabilidad aunque haya tenido un día [en el cargo]; él es el gobernador, el problema es que sigue habiendo una enorme dosis de improvisación en las tareas civiles, tanto en nivel de policías como en los sistemas penitenciarios a nivel local, estatal y federal. Hay una postura más reactiva que preventiva”.
Oliva, coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recordó que “el nombre del juego es impunidad y ésta se degrada en corrupción”.
Rodríguez Sánchez comentó que Nuevo León heredó un problema estructural que afectó el funcionamiento de las cárceles. “Antes de juzgar a otro poder, él debió de haber denunciado la crítica situación que recibió del anterior gobierno y haber tomado cartas en el asunto”.
Aseguró que más allá del trabajo de los jueces, el sistema penitenciario tiene serios problemas. “La Constitución les da el derecho a los reclusos a estar en la cárcel más cercana a su lugar de origen, entonces no hay mucho qué hacer si los amparos fueron en ese sentido”, dijo.
Planteó que se tiene que avanzar en separar a los delincuentes del fuero federal y del local, así como ampliar las capacidades de las cárceles federales para despresurizar las prisiones locales de delincuentes de alta cuantía.
Rodríguez Luna agregó que sí hay jueces que otorgan amparos e impiden el traslado de reos, pero eso no es la justificación o la explicación a lo que sucedió en Topo Chico: “El sistema penitenciario federal y estatal presentan muchos problemas, carecen de una adecuada clasificación de reos, lo que genera que convivan los de alta peligrosidad con los de menor calado, y además eso impulsa los abusos de reos, la corrupción entre autoridades y reos que tienen mayor poder”.
Consideró que Topo Chico “no es la excepción, sino la regla de todo el sistema penitenciario, pero es evidente que [El Bronco] no ha logrado tener un diagnóstico de cuál es el problema”.
Para los especialistas, el ex gobernador Rodrigo Medina también debería de rendir cuentas.
