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El director de Recursos Humanos del ayuntamiento de Acapulco, Luis Andrés Lara García, fue asesinado junto a su chofer, cerca del municipio.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, condenaron los hechos y exigieron castigo a los responsables, así como el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con el parte informativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los hechos ocurrieron a las 9:30 horas cuando sujetos armados atacaron la camioneta negra en la que viajaba el funcionario —quien era cercano al alcalde perredista del puerto— con armas de alto poder.
Los cuerpos sin vida quedaron sobre la calle Hornitos, a unos 60 metros del Sindicato de Músicos y unos 250 metros del edificio del ayuntamiento de Acapulco, que minutos después fotografiaron peritos del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) y reporteros que llegaron a la zona céntrica del puerto.
Lara García militaba en Movimiento Ciudadano. En el periodo del ex alcalde de ese partido, Luis Walton Aburto, fue director de Saneamiento Básico; su última actividad política fue en el periodo de campañas.
El gobernador de Guerrero lamentó los asesinatos y envió su pésame al alcalde de ese municipio porteño y a los familiares de las víctimas.
Astudillo Flores pidió más ayuda del gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada, e indicó que ya habló con el edil de Acapulco para ofrecerle todo su apoyo en materia de seguridad.
El mandatario guerrerense reconoció que la violencia en el estado “no para” y ubicó como focos rojos preocupantes a los municipios de Tierra Caliente, Chilapa y Acapulco, por lo que señaló, se pondrá especial atención para contrarrestarla.
En conferencia de prensa, el alcalde de Acapulco consideró que esos homicidios se suman a las acciones que atacan al puerto: “Es una acción criminal artera para la cual el actual gobierno municipal demanda el esclarecimiento de los hechos, así como la rigurosa aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias”.
Indicó que las investigaciones y las sanciones quedan en manos de la Fiscalía General del Estado y también piden la intervención de las autoridades federales.
En lo que va del año han ocurrido más de 800 asesinatos tan sólo en el puerto, según la misma SSP.
Con información de Juan Cervantes