Más Información
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento administrativo contra el ex delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, Guy Piña Herrera, y contra su ex subdelegado jurídico, Jared Barrio Valladares, por actos u omisiones en el caso del mega proyecto “Dragon MArt Cancún”.
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semrnat), encontró elementos probatorios que presumen la existencia de irregularidades cometidas por ambos ex funcionarios.
Las resoluciones emitidas por Piña Herrera y Barrio Valladares, en 2012, cuando fungían como delegado y subdelegado jurídico de la Profepa en Quintana Roo, “fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico”, concluyó el OIC.
Lo anterior eximió, en su momento, a la empresa Real Estate Dragon Mart, de su culpabilidad por el desmonte de vegetación en el predio “El Tucán”, sin contar con autorización de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ambos, a nivel federal.
El anuncio sobre el inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de sus ex funcionarios, fue hecho hoy por el titular de la Profepa, Guillermo Haro Belchez.
En paralelo, la dependencia federal instó nuevamente al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y al alcalde de Cancún, Paul Carrillo, a revocar las autorizaciones que expidieron a la sociedad mercantil “Real Estate Dragon Mart Cancún”, para la construcción y operación del megaproyecto.
La solicitud incluye castigar a los funcionarios o ex funcionarios involucrados en la emisión de dichos permisos.
“Las comunicaciones dirigidas al gobernador Roberto Borge Angulo y el edil Paul Michel Carrillo, solicitan que ambas autoridades inicien en facultad de sus atribuciones, los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.
“También se pide que en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones, realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes”, se lee en el comunicado de prensa girado hoy por la dependencia federal.
El antecedente
En febrero pasado, la Profepa solicitó al OIC investigar y suspender temporalmente a servidores y ex servidores públicos de su delegación en Quintana Roo, que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Por separado, la Procuraduría pidió al gobierno de Borge Angulo y de Carrillo de Cáceres, revisar exhaustivamente todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto comercial “Dragon Mart Cancún”, a fin de constatar su legalidad y deslindar -en función de sus atribuciones- las responsabilidades legales correspondientes.
Al reconocer que los actos de autoridad de su delegación en Quintana Roo, fueron indebidos, la Profepa promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones.
El documento dirigido en ese entonces al titular del OIC, mencionaba que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la delegación en Quintana Roo “eximieron indebidamente” al proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
Como resultado de la investigación hecha por el OIC de la Semarnat, se confirmó que ambos ex funcionarios incurrieron presuntamente en diversas irregularidades, por lo que la SFP inició un procedimiento administrativo sobre Guy Piña y Jared Barrio.
“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente exhorta así a los titulares del Gobierno del estado de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez, para no desistir en la acción de la aplicación de la ley y hacer lo correspondiente en el esclarecimiento de los indebidos permisos otorgados a nivel estatal y federal a dicho proyecto”, reiteró la Profepa.
Esta petición tiene como base las relaciones intergubernamentales Federación-Estados y la distribución de competencias en materia ambiental previstas en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana, con relación a los numerales 5º y 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Legeepa).
