Fuerza Rural, infiltrada por el crimen, alerta CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló 55 propuestas dirigidas a los tres niveles de gobierno, entre ellas pide a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el financiamiento de los grupos de autodefensa, el origen de sus armas de fuego y la posible infiltración del crimen organizado en la Fuerza Rural Estatal.

Al presentar el Informe especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto, el ómbudsman Luis Raúl González Pérez, informó que de 77 municipios visitados, 33 tienen presencia de grupos de autodefensa.

“El Estado no puede ceder a negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene frente a todos los gobernados”, dijo luego de recalcar que la fórmula para la recuperación social y jurídica no puede pasar por la violencia ni permitir a personas civiles actuar armadas.

De las 55 propuestas, siete están dirigidas a la PGR, cinco a la Comisión Nacional de Seguridad, 24 al gobierno de Michoacán, cuatro al Congreso local, 12 a los ayuntamientos y tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Al gobierno de Michoacán, el documento indica que debe elaborar un diagnóstico que guarda la Unidad de Fuerzas Rurales; poner en marcha un programa de supervisión y control de la Unidad; realizar un diagnóstico de la procuración e impartición de justicia; investigar la infiltración de la delincuencia organizada en los grupos de autodefensa; así como crear un programa para la atención y reintegración especial para niños que forman parte de los grupos civiles armados y atender los servicios básicos en las zonas marginadas.