El Centro de Atención Ciudadana (Cedac), conocido como Edificio Inteligente de Acapulco; la planta tratadora de aguas residuales que dejó de funcionar desde hace cinco años en la comunidad indígena de Atliaca, en Tixtla, junto con el Hospital General de Chilapa son tres obras abandonadas, cuya inversión se desmorona en sus paredes.
El edificio inteligente era una de las obras más anheladas del ex gobernador Zeferino Torreblanca, quien exaltaba, incluso, que el diseño del inmueble serviría, además de albergar oficinas, para generar energía eléctrica, que podría abastecer en temporadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el techado a base de celdas solares tendría la función de gestionar su propia luz.
La construcción ubicada en la costera Miguel Alemán, entre las calles Diego Hurtado de Mendoza y Vasco Núñez de Balboa, albergaría 37 dependencias estatales, para lo que hubo un presupuesto inicial de 700 millones de pesos; sin embargo, a la fecha, la obra se frenó.
Hace cinco años el gobierno del estado informó que la empresa Ten Arquitectos ganó la licitación que, según el presidente del Colegio Guerrerense de Arquitectos, Cozovi Ocampo Guzmán, no tuvo la participación de firmas locales; este despacho, de Enrique Norten, cobró entonces 10 millones de pesos sólo por hacer el proyecto. Desde ese tiempo hasta ahora, criticó, el problema ha sido todo lo que se ha invertido, además de que ya se superó el dinero presupuestado para esa obra.
Zeferino Torreblanca contrató, bajo licitación “a modo”, a uno de los arquitectos más prestigiados del país para un proyecto en el que se incumplió con el Plan Director de Desarrollo Urbano Metropolitano (PDDUM), que prohíbe cualquier edificación de oficinas en la Costera.
Las críticas fueron hechas por diversas agrupaciones de arquitectos, como el Consejo de Urbanismo de Acapulco, que el gobierno del estado atajó justificando que se paga por la renta de oficinas 780 mil 209 pesos al mes.
Ten Arquitectos diseñó el edificio en una superficie de 15 mil 544 metros, terrenos que en su mayoría fueron vendidos por los 150 locatarios del mercado de artesanías Noa Noa, instalado 34 años antes.
Los comerciantes denunciaron que fueron engañados con la compra del terreno, pues mientras a ellos les pagaron entre 100 mil y 150 mil pesos, tenían información de que el gobierno de Torreblanca había “adquirido legalmente” hasta en 114 mil pesos el metro cuadrado.
El ex gobernador Ángel Aguirre suspendió la obra en agosto de 2011, luego la retomó en 2012 y se frenó de nueva cuenta en 2013. Invirtió, según dijo, más de 200 millones de pesos en su conclusión, además de señalar que era “un ejemplo de corrupción”.
La Contraloría General del Estado señaló que tras una auditoría a la obra en 2012, resolvieron iniciar procesos administrativos contra Torreblanca, su ex secretario de Finanzas, Ricardo Cabrera Morín, y el ex subsecretario de Administración, José Antonio Bajos Valverde, entre otros, por la falta de comprobación de más de mil 38 millones de pesos, por la construcción del Cedac.
El entonces contralor general del estado, Julio César Hernández, precisó que para la obra se aprobaron mil 308 millones 869 mil 181 pesos, y se detectaron pagos excesivos por reparación, así como trabajos hechos sin soporte documental. Mas por estos hechos, no hay ningún consignado.
El ex presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas del Estado de Guerrero, Domitilo Soto González, señaló, como observador externo, que la obra lleva 80% de avance, pero sigue con fallas de origen.
A la fecha, INDI —constructora que ha sido señalada por las fallas en el Senado de la República— trabaja en la obra, pero sólo con reparaciones, pues las estructuras metálicas se deterioraron y tuvieron que ser cambiadas, se están supliendo también algunos paneles solares dañados; además, dijo, hay obras subterráneas, todo a cargo del gobierno del estado.
El ex presidente del Consejo Ciudadano, Humberto Díaz, hasta hace unos días encargado de revisar que la obra se ejecutara, admitió que en esta administración el edificio no se concluirá. La vigencia de construcción que expide el ayuntamiento de Acapulco está vencida. En breve entrevista, aseguró que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo determinará el futuro del edificio inteligente.
Hospital General de Chilapa
Otra obra que debió entregarse ya es el Hospital General de Especialidades de Chilapa, que se construye desde 2011, y que Lázaro Mazón, ex secretario de Salud en el periodo de Ángel Aguirre, se comprometió a entregar en 2012 y actualmente es sólo un montón de estructuras de cemento y varillas.
A pesar de que es un inmueble que se inició en diciembre de 2011 y que beneficiaría a 132 mil 960 habitantes, esencialmente indígenas de cinco municipios de La Montaña, su construcción quedó en 80%, según declaró el superintendente de JICA —empresa que construía la obra—, Octavio Rodríguez. Ya no hubo recursos.
La obra tendría una inversión de 142 millones de pesos y contaría con 30 camas con crecimiento a 60, ofrecería servicio de consulta externa y de diversas especialidades médicas.
Planta tratadora de Atliaca
Desde su construcción, en 2008, habitantes de la comunidad indígena de Atliaca, del municipio de Tixtla, que alberga a 9 mil personas, han solicitado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión de Agua y Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) hacer funcionar la red de drenaje y la planta tratadora de aguas residuales para su beneficio, sin que al momento eso haya sido una realidad para esa población.
