En un escenario de una guerra abierta entre cárteles de la droga y las fuerzas del orden, un puñado de mujeres surgió no sólo para buscar a los suyos, sino para enfrentar los miedos internos, ayudar a otros a despojarse de sus temores, desenmascarar la indiferencia oficial y, sobre todo, mostrar a una sociedad que se puede alzar la voz.
Son mujeres valientes que abandonaron la comodidad de su hogar para confrontar a las bandas delincuenciales en Veracruz, pero también la indolencia de las autoridades por investigar la desaparición de los suyos.
Anuncios en redes sociales, carteles, espectaculares, medallones, pulseras y toda una serie de herramientas son parte de las acciones que emprendieron para encontrar a sus seres queridos, perdidos en una lucha fratricida entre grupos criminales y el Estado.
Ubicados o no, estas mujeres se mantienen en pie de lucha, lo mismo participando en multitudinarias manifestaciones en pro de desaparecidos, que acudiendo a dependencias a presionar y aportar pruebas o, incluso, fundando organizaciones civiles para apoyar a quienes se encuentran en la misma situación.
Unas de ellas son Nora Reyes Baruch, habitante del puerto de Coatzacoalcos, cuya hija de tan sólo cuatro años de edad fue secuestrada y después asesinada junto con su tía, esta última planeó el plagio; y María de Lourdes Rosales Calvo, del puerto de Veracruz, quien mantiene una frenética búsqueda de su hijo de 26 años.
Ambas mujeres —en entrevistas para el Taller de Periodismo y Libertades de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano— abrieron su corazón para mostrar su tragedia, pero también las vicisitudes que han enfrentado para lograr que autoridades volteen a verlas.
Estos son sólo un botón de muestra, porque hay decenas de casos como el de ellas. Todos ejemplo de valor y amor a sus hijos, como lo demuestra la investigadora universitaria, escritora y ex directora del Instituto Veracruzano de la Cultura, María Esther Hernández-Palacios Mirón, quien se convirtió en una intensa activista después del asesinato de su hija Irene Méndez Hernández, acribillada junto con su esposo el empresario Fouad Hakim Santiesteban, en junio de 2010.
Y qué decir de Bárbara Ibarra, quien perdió a su hija Gaby en junio de 2011 y que —tras una larga lucha de activismo social, así como en medios de comunicación— logró que las autoridades encontraran el cuerpo para que por fin pudiera despedirse de ella, y posteriormente se dio a la tarea de fundar una organización de ayuda.
“Son mujeres valientes, son mujeres que sufren permanentemente, no hay interrupción en su sentimiento y eso genera que los lazos de solidaridad sean enteros”, así las describe Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado de Veracruz.
Desde su llegada a la dependencia, el 23 de febrero de 2014, el funcionario estatal comenta que ha aprendido a ser mejor ser humano de la mano de estas mujeres, con quienes se reúne constantemente para analizar el avance en las investigaciones cuyo objetivo es localizar a sus seres queridos.
Bravo Contreras asegura que en este trabajo que desempeña en la procuraduría, encontró un profundo sentimiento de solidaridad, ya que sin importar si los desaparecidos eran “víctimas buenas o víctimas malas”, su obligación como fiscal es localizarlas a como dé lugar.
“Hay madres que sus familiares están vinculados a algún hecho delictivo y ellas me han enseñado que no existe un origen que distinga: buenos o malos, la obligación de la fiscalía es encontrarlas”, reiteró.
La cifra de personas desaparecidas en Veracruz es alarmante.
En el periodo de 2006 a la fecha se tiene un registro de 3 mil 89 denuncias de personas desaparecidas, una de las cifras más altas en México. La autoridad también ha realizado su tarea al investigar estos casos de manera profunda.
El 70% de las personas que se reportaron como desaparecidas fueron encontradas. Es decir, 2 mil 139 fueron entregadas a sus familiares (90% de éstas fueron halladas con vida y 10% sin vida). De las personas localizadas, de acuerdo con los informes, 86% “no estaban vinculadas” con hechos delictivos.
Sin embargo, hasta la fecha 950 personas están ausentes de sus domicilios.
“En la ciudadanía hay mucho miedo”
Infinidad de ocasiones se había preguntado qué haría cuando recibiera “la llamada”. Eran tantos los amigos y conocidos a quienes les había contestado el teléfono, que de vez en cuando su mente divagaba sobre cómo actuaría.
Nora Reyes, del puerto petrolero de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, siempre albergaba el temor de que algún día se llevaran a su esposo, un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos empleados son, presuntamente, blanco constante de las bandas de secuestradores.
El 7 de julio de 2014 fue presa de sus peores miedos. Aunque Nora conservaba la arraigada creencia de que las tragedias siempre ocurren en días nublados, cuando a ella la sorprendió realmente había mucho sol.
“Tengo a tu hermana y a tu hija, dile a tu marido que me conteste”, le dijeron en “la llamada”. Y entonces su verdadero vía crucis comenzó. Su pequeñita de tan sólo cuatro años ya no se encontraba en casa. “Sentí que me bajaba algo, que me iba al suelo. Estaba muy asustada”.
Entonces se preguntó: “qué madres vamos a hacer”; se enfrentaba al dilema de dar o no aviso a la policía, pues muy pocos ciudadanos confían en la autoridad.
Tuvo que enfrentar un momento doloroso y decisivo cuando sentó frente a ella a sus dos hijos y con lágrimas les dijo: “Se llevaron a Kari con tu tía”.
—¿Cómo mamá?— dijeron sorprendidos. Entre su desesperación, Nora intentaba tranquilizarlos con su amor de madre. “No se preocupen, todo va a estar bien, porque nada más quieren dinero”.
Transcurrieron días de negociaciones (con los presuntos criminales) y después cortaron la comunicación. Nunca más regresó “la llamada”. “Nos pasábamos toda la noche en el mueble ahí sentados. (…) Tenía ganas de tirarme al suelo y jalarme los pelos y gritar, pero no lo puedes hacer, no lo tienes que hacer (porque) hay mucha gente que depende de ti. Imagínate que tus hijos te vean quebrada, tirada en el suelo…”.
La historia de Nora fue una tragedia familiar. La pequeña Karime fue secuestrada, junto con su tía Mónica Reyes. Tras largos días y semanas de enfrentar la burocracia y el desdén oficial, tomó valor y empezó a difundir a través de las redes sociales y en los medios de comunicación la fotografía de la pequeña.
“(Las autoridades) iban a abandonar el caso, entonces le dije a mi esposo: ‘lo tenemos que sacar por Facebook, por todos los medios’. Mi esposo estaba como un zombi, no reaccionaba. Hubo momentos tensos y yo me decía: qué madres, tenemos que hacer algo”.
La presión social obligó a las autoridades a reforzar sus actuaciones y fue así como se descubrió la verdadera tragedia: el plagio había sido planeado por su hermana (Mónica Reyes), con el apoyo del novio de ésta, un taxista de la localidad. Las cosas salieron mal. La pequeñita y su tía fueron asesinadas y sepultadas en el patio de una vivienda.
Así nació Fundación Karime Ángel, de Coatzacoalcos, un espacio donde brindan atención tanatológica y sicológica para ayudar a familias víctimas del delito.
“En la ciudadanía hay mucho miedo, pero somos más la gente buena que la mala. Y cuando a alguien se le quite el miedo, nada más estará esperando quien los encabece para empezar un movimiento. Solamente eso quiere la ciudadanía”, afirma la mujer que hoy dirige una organización civil de ayuda a víctimas del delito.
La tortuosa espera de 72 horas
La historia de María de Lourdes Rosales Calvo es distinta, pero con el mismo sufrimiento. Igual recibió “la llamada”.
“Tenemos a su hijo Jonattan, queremos 500 mil pesos. No dé aviso a las autoridades ni nada”, escuchó del otro lado del auricular. Dice que no hay palabras para describir todo lo que pasó por su mente y sintió su corazón. “Horrible, horrible. Me agarró mucha desesperación”, dice.
En el puerto turístico de Veracruz, su hijo Jonattan Celma Rosales, de 26 años, y su novia, fueron sacados a la fuerza de su domicilio, y aunque contó lo sucedido a un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México, institución que asumió las tareas de vigilancia policial debido a la grave violencia que azotaba la región, no quisieron ayudarla.
“Fue un autosecuestro”, le dijeron. “Se fue con la novia”, insistieron. Tenían que pasar 72 horas para que comenzara la búsqueda del desaparecido y de su novia. Cuando las autoridades por fin aceptaron recibir su denuncia oficial, también recibió “la llamada”.
Desde julio de 2013 Lourdes se mantiene en busca de su hijo. Lo hace al lado de otras personas como ella, que han perdido a una parte importante de sus vidas, y lo hace con una fortaleza increíble.
“Es muy difícil aceptar la muerte de un hijo, de un hijo que ni está vivo ni está muerto y ni sé dónde está. (…) No toda la gente somos iguales, hay unos más fuertes y otros más débiles. Yo a mis amigas las ayudo y les digo que tienen que ser fuertes. Sé que duele; duele el alma, duele… hasta los pelos, duelen, a veces”, dice.
Lourdes hoy se ha convertido en la fortaleza de un pequeño grupo de padres y madres con hijos desaparecidos. Con ellos va constantemente a las morgues, pero también recorre las fosas clandestinas que son descubiertas por las Fuerzas Armadas.
A veces, ve un programa y se pone a llorar y se acuerda de su hijo. Contempla su foto y llora. “A veces”, dice, “quisiera que los ojos se me secaran para ya no llorar, pero, es imposible.”
El dolor no se va y la frustración crece, sobre todo, en contra de la sociedad.
“Son muy cobardes. Si (las personas) se unieran, las cosas serían distintas. La gente cree que si se llevan a tu hijo es porque es un delincuente o porque andaba en un caso de narco y no es cierto. La gente no se da cuenta de que eso es mentira. Mi hijo es un chavo trabajador”.
jram
