Villarín.— Por las dos pequeñas calles de esta comunidad veracruzana se respira una tranquilidad sorprendente: los niños deambulan solos, las mujeres esperan el autobús y los hombres de campo atraviesan el pueblo montados en sus caballos.
Como en cualquier comunidad rural, todos saludan con una sonrisa, quizá por eso, sería difícil imaginarse que en este pueblo pequeñito de gente amable inició toda la violencia que azota a Veracruz con la espiral de terror que afecta a ganaderos, empresarios, comerciantes y, por supuesto, también a los periodistas.
La comunidad no olvida el 3 de marzo de 2007, cuando ocurrió una cruenta balacera en una carrera clandestina de caballos y donde perecieron dos de los principales líderes del grupo de sicarios Los Zetas, entonces brazo armado del Cartel del Golfo, entre ellos el llamado Zeta-14.
A partir de ahí, el estado tuvo una escalada de violencia no vista en los últimos 20 años que alcanzó al gremio periodístico con al menos 12 comunicadores muertos y un número indeterminado de desaparecidos y exiliados.
“Villarín es una zona muy tranquila, en el pueblo se conocen todos”, afirma, a la distancia, la comisariada ejidal, Ana Laura Ramos. Como el resto de los habitantes del lugar, recuerda bien aquella balacera, pero, afirma, “todos eran gente extraña”.
El susto se les fue hace mucho tiempo, pero el estigma para Villarín sigue. En todo el estado se recuerda que a partir de ese enfrentamiento se entró de lleno en una guerra sin cuartel entre Los Zetas, el Cártel del Golfo y Gente Nueva Generación (los matazetas).
Desde entonces, todos los sectores sociales, económicos y políticos del estado sufrieron los estertores de la violencia, entre ellos, los periodistas
Inicia el horror. En 2011, la delincuencia organizada cobró la vida de los comunicadores Noel López Olguín, Yolanda Ordaz de la Cruz y el columnista Miguel Ángel López Velasco, mejor conocido como Milo Vela, y su hijo Misael López Solana, todos ellos de la plantilla del periódico Notiver, el de mayor circulación en el puerto y especializado en seguridad.
No se detuvo la oleada de violencia contra comunicadores que abordaban o habían “convivido” con temas del narcotráfico, como los fotorreporteros Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez.
La lista creció con el crimen de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez; del coordinador de la sección policiaca de Milenio Veracruz, Víctor Baez; pero fue la muerte del reportero de Notisur, Gregorio Jiménez, de una comunidad sumida en la miseria, el que logró que todo un gremio se sacudiera el miedo y volviera a salir a las calles a protestar.
El activista vecinal y reportero ciudadano del municipio de Medellín, Moisés Sánchez, también fue incluido en la lista; y finalmente el foto reportero Ruben Espinosa, asesinado esta semana en el Distrito Federal.
De esos asesinatos, solo tres investigaciones las llevó en sus manos la ahora Fiscalía General del Estado: Regina Martínez, Gregorio Jiménez y Moisés Sánchez, en cuyos casos hallan detenidos y bajo proceso responsables materiales de los crímenes.
La Fiscalía Especializada en atención de delitos Cometidos en agravio de Comunicadores y /o Periodistas dio por resueltos los homicidios de esos tres comunicadores con la detención de los autores materiales.
En el caso del editor de Medios Informativos La Unión, José Moisés Sánchez Cerezo, se le retiró el fuero al acalde de Medellín, Omar Reyes Cruz, por ser considerado autor intelectual del asesinato y hoy está prófugo .
Las otras averiguaciones previas por crímenes a periodistas fueron atraídas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR.
