A 10 días de las elecciones locales en Chiapas, las listas de candidatos a diputados locales, alcaldes y planillas de regidurías que contenderán el 19 de julio deberán ser repuestas para respetar la paridad de género en sus dimensiones vertical y horizontal.
Así lo ordenó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) al determinar que éste faltó a sus obligaciones al no velar por el respeto al principio constitucional de paridad vertical en el registro de las postulaciones a diputados.
Tampoco cumplieron con la jurisprudencia emitida por el mismo TEPJF y vigente desde el 8 de mayo, misma que obliga a la paridad horizontal en la integración de ayuntamientos.
Por ello la Sala Superior dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE) por la conducta irregular de los consejeros locales, quienes estaban obligados a respetar el principio de paridad.
Así, el IEPC deberá emitir un nuevo acuerdo de registro de candidaturas y los partidos están obligados a presentar listas paritarias de aspirantes, por lo que deberán ser anotadas cientos de candidatas mujeres en un plazo de menos de 10 días.
En la discusión los magistrados destacaron el machismo que se revela en las listas de abanderados, pues todos, salvo Morena, incumplieron, con creces, su obligación de respetar la paridad de género en las ternas de candidatos a puestos de elección.
Por ejemplo, el PRI registró 102 aspirantes a alcaldes varones contra 14 mujeres; el PVEM 106 contra 14, y el PRD 73 contra 26, el PT 63 hombres contra sólo 5 mujeres.
El PAN registró 63 varones y 41 mujeres: Movimiento Ciudadano postuló 33 hombres y 19 mujeres; Nueva Alianza 25 hombres y 10 mujeres, el Partido Humanista 37 hombres y 11 mujeres; Encuentro Social inscribió 34 hombres y 23 mujeres.
Los partidos locales Mover a Chiapas apuntaron a 90 hombres contra 19 mujeres, y Chiapas Unido 86 hombres y 33 mujeres. Morena, en cambio, postuló 59 hombres y 58 mujeres.
El magistrado Salvador Olimpo Nava indicó que el caso despierta “indignación” porque refleja que persiste un país machista pero denunció además que denotó también violaciones al principio de transparencia y acceso a la información, pues se negaron datos a organizaciones civiles promotoras de la equidad.
