Más Información
La sustracción ilegal de hidrocarburos en el país se ha disparado dramáticamente. Tan sólo de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2015 se abrieron 6 mil 538 averiguaciones previas por dicho delito, mientras que en seis años, es decir, entre enero de 2008 y enero de 2014 hubo poco más de 8 mil casos.
Al incremento de este ilícito se suma el alto grado de impunidad. De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Ley de Transparencia, de 14 mil 560 averiguaciones, sólo han sido consignados 2 mil 185 probables responsables, lo cual representa 15% en relación con el total. Si se toma en cuenta ese ritmo de crecimiento, la proyección para 2021 de este delito hablaría de más de 38 mil indagatorias.
Guy Ben-Nun, analista y experto en materia de seguridad, explicó que este incremento se debe a un conjunto de factores como la falta de voluntad de Petróleos Mexicanos (Pemex) para denunciar estos eventos y en ocasiones el desconocimiento de la empresa sobre cada una de las infracciones cometidas. También influyen factores de carácter político y el aumento generalizado de las actividades criminales en México.
El 75% de las averiguaciones se concentra en ocho estados de la república: Tamaulipas es la entidad con el mayor número (2 mil 286), seguida de Sinaloa (mil 942), Guanajuato (mil 342), Jalisco (mil 209), Puebla (mil 150), Veracruz (mil 117), Estado de México (971) y Nuevo León (950).
En el polo opuesto, los estados de Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Morelos, apenas suman 24 indagatorias.
El experto en materia de seguridad señaló que la impunidad y la falta de seguimiento por parte de las autoridades a este delito se origina porque no se denuncian todos los crímenes por miedo, la corrupción, o simplemente para evitar enfrentar el problema ya que no se considera un delito de alto impacto o debido a que no repercute en el panorama político.
“Se aprende a tomarlo como parte del costo de hacer un negocio en este país”, explicó Ben-Nun.
La ordeña ilegal de combustible tiene repercusiones tangibles para la población, como ocurrió a principios de julio, cuando al menos nueve entidades federativas sufrieron desabasto de gasolina, lo que obligó a Pemex a programar la importación de volúmenes adicionales del hidrocarburo. Este hecho afectó al menos 600 estaciones de servicio, es decir, casi 20% de los establecimientos ubicados en dichos estados y que en total ascienden a 3 mil 76.
Modus operandí. De acuerdo con Guy Ben-Nun, son tres las principales formas de obtener el combustible o sacar provecho de este: uno, extraerlo directamente de los ductos; dos, por medio de asaltos y extorsión a los choferes de las pipas que lo transportan y tres, a través de los fraudes que cometen las gasolineras a los usuarios.
El modus operandi depende en gran medida de lo que los infractores consideren más viable de acuerdo a sus alcances. El analista lo considera como una relación costo-beneficio; “las tres maneras son abiertas y al alcance de cualquier delincuente, depende más del criterio de éste que de las acciones tomadas por el gobierno para remediar este tipo de delitos”.
El experto puntualizó que los operativos para contrarrestar el fenómeno sólo funcionan en el momento y se relacionan a cuestiones políticas.
“Son como una ‘pantalla de humo’; sirven para esconder ciertas cosas o mejorar la imagen del gobierno, sin embargo, un plan integral, permanente o sólido, todavía no existe”.
Estas células delictivas seguirán adaptándose y buscarán formas de evadir medidas pasajeras, Guy Ben-Nun señaló la posibilidad de que sean más agresivos y logren conseguir sus objetivos por otros medios, sobre todo porque dichas acciones implican ganancias millonarias.
Incluso pueden cambiar de giro, “es aquí en donde entra el panorama general delictivo, no paran, sólo cambian de actividad”, explicó.
Sobre el incremento del castigo a los infractores —que autoridades de Pemex piden sea discutido en el Congreso de la Unión—, el analista apuntó que ésta parece ser una táctica mediática, ante lo cual recomendó revisar e implementar mejoras en materia de infraestructura, como reducir la fragilidad de los ductos a través de su blindado o el aumento de la supervisión y vigilancia de Pemex.
Enfatizó el tema de las denuncias y lo qué hacen las autoridades con éstas, “no es cosa de ir contra una sola banda criminal, estamos hablando de un fenómeno general en México”, dijo.
