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La respuesta del gobierno de Quintana Roo para rechazar la recomendación que le giró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los agravios que cometió en contra del comunicador maya, Pedro Canché, es “insuficiente”, al no estar fundada, ni motivada; no satisface por su pobreza argumentativa y amerita la comparecencia del gobernador del estado, Roberto Borge, ante el Senado, afirmó hoy la organización Artículo 19.
La agrupación internacional asumió la defensa legal de Canché Herrera, junto con la abogada, Aracely Andrade Tolama, a partir de su aprehensión –el 30 de agosto del 2014- y encarcelamiento por el delito fabricado de “sabotaje”, el cual le fue imputado por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), días después de que el comunicador retó a un debate a Borge Angulo, sobre los rezagos en la zona maya.
“La respuesta de cuatro hojas, no es ni exhaustiva en sus razones, ni sólida en sus fundamentos, por eso se viola de manera evidente los artículos 1 y 102 Apartado ‘B’ de la Constitución, así como el artículo 46 de la Ley de la CNDH.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Eduardo Knapp Moreno, abogado de la organización internacional, explicó que, una vez conocida la respuesta y razonamiento del gobierno estatal, respecto a la recomendación 13/2015, compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ejercer su facultad para pedirle al Senado de la República que llame a comparecer a Borge Angulo, para ahondar en su negativa.
“Ante la insuficiente fundamentación y motivación en la respuesta a la CNDH, el ombudsman nacional (Raúl González Pérez) debe solicitar la intervención del Senado para que llame a comparecer al gobernador de Quintana Roo, con fundamento en las reformas del 2011 a la Constitución, en materia de Derechos Humanos”, expresó.
Ley estatal contempla disculpas públicas
A grandes rasgos, la respuesta que emitió Borge Angulo, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado, esgrime que sería presuntamente violatorio del orden constitucional y legal, establecer un procedimiento de reparación de daños a Pedro Canché.
La reparación del daño, solicitada por la CNDH, abarca indemnizar al comunicador maya, pedirle una disculpa pública, frenar las denostaciones públicas en su contra y de otros periodistas, abrir investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos a fin de aplicar sanciones para quienes cometieron agravios en su contra.
“Miente el gobierno del estado cuando dice que no existe en la ley, la figura de disculpas públicas o de reparación del daño. La Constitución mexicana establece en su artículo 1, párrafo tercer, que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, subrayó el abogado.
De hecho, Artículo 19 citó que la propia Ley Estatal de Víctimas de Quintana Roo en su artículo 78, fracción IV, obliga a brindar “una disculpa pública de parte del estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades”.
Knapp Moreno dijo que si bien el 7 de abril del 2014, se publicó en el Periódico Oficial del estado, la Ley de Víctimas de Quintana Roo, la cual prevé procedimientos para acceder a una justa reparación para personas víctimas de delitos o violaciones a los Derechos Humanos, el Sistema Estatal de Víctimas no opera desde entonces.
“Por esta razón la CNDH solicitó al gobierno del estado la instalación de la Comisión de Víctimas, lo cual tampoco aceptó, bajo el argumento de que implicaría una ‘imposición unilateral’”, señaló.
Libertad de expresión no abarca el hostigamiento
Respecto a la negativa del gobierno estatal, para que sus funcionarios se abstengan de atacar y estigmatizar a Canché, a otros periodistas y ciudadanos en general bajo el argumento de que la administración borgista no puede “limitar” la libertad de expresión, Artículo 19 aclaró, conforma a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que:
“El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la Libertad de Expresión y, por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno”.
El gobierno del estado también se negó a colaborar en las denuncias que la CNDH interpondrá ante la Procuraduría de Justicia, en contra de la ministerio público que integró el expediente fabricado contra Pedro Canché, argumentando que “debe evitarse el criterio político”.
La organización calificó esa respuesta como un acto de cinismo de la Consejería Jurídica del estado, pues “resulta evidente que las violaciones a los derechos humanos del periodista maya fueron cometidas precisamente porque la Procuraduría de Justicia fue instrumentalizada políticamente para castigar voces críticas”.
jlc
