Más Información
Los tiempos del gobierno no son en definitiva los tiempos de los afectados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Miles perdieron su vivienda en CDMX, Puebla, Morelos, Edomex, Chiapas y Oaxaca por el derrumbe de sus hogares o porque quedaron inhabitables. Se cumplió un mes y la reconstrucción aún está en fase de proyecto.
La estimación del costo de los daños se modificó al alza. A finales de septiembre el gobierno la había cifrado en 37 mil 500 millones, pero esta semana la estimó en 48 mil millones de pesos. Aún no hay claridad en la forma en que se distribuirán los recursos, aunque organizaciones sociales plantearon la necesidad de generar una bolsa única generada por los fondos federales, así como las aportaciones nacionales e internacionales, que esté encabezada por grupos ciudadanos, con lo que estaría blindada a la intervención de los partidos. Los tiempos electorales están en marcha y hay temor fundado de que predomine la tentación de que haya desvío de la ayuda a los damnificados para fines de proselitismo.
En la Ciudad de México, hay pendientes notorios y lentitud en los avances. De inicio falta una lista definitiva de damnificados. Esa carencia motivó que personas que no necesitaban la ayuda para renta que ofreció la autoridad recibieran el apoyo económico, cual saqueadores en un momento de desorganización oficial.
En la capital la reconstrucción inició hace unos días en Cuajimalpa con modelos especiales de vivienda antisísmica. En la zona de mayor daño ese tipo de inmuebles no es viable, además de que hay casos que pueden ameritar sanciones penales a constructoras, sin embargo pasa el tiempo y los procesos judiciales marchan torpemente.
Información que hoy publica EL UNIVERSAL da cuenta de que la falta de expedientes de los inmuebles que colapsaron a consecuencia del sismo del 19-S, y que deberían estar en poder de las delegaciones, ha retrasado los trabajos de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Una sospecha más de que en obras ejecutadas por algunas inmobiliarias prevalecieron irregularidades al amparo de funcionarios y posibles actos de corrupción.
Las tragedias sacan a la luz malos manejos; sólo un castigo ejemplar contra responsables podría paliar en algo las pérdidas que enfrentan miles de familias.
La velocidad de demolición, de reconstrucción, de atención a damnificados —e incluso de la normalización de las clases— parece no estar a la par de las demandas de los afectados. Si en algo se quiere revertir esa distancia entre autoridades y ciudadanía, esta es una buena oportunidad.
