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El combate a la corrupción en México lleva décadas presente en la opinión pública sin que haya llegado todavía a buen puerto.
Desde la prometida “renovación moral de la sociedad”, en la década de los 80, el avance ha sido poco. Probablemente la creación de la Secretaría de la Contraloría —ahora Secretaría de la Función Pública— y la ley de transparencia son las medidas más conocidas. Sin embargo, la primera tiene en contra que ejerce la función de vigilante de los recursos públicos, pero pertenece a la estructura gubernamental; es juez y parte. En cambio quienes buscan tener acceso a la información oficial, a menudo se enfrentan a negativas porque la documentación se ha clasificado como “reservada”.
En los últimos años, la bandera de la lucha anticorrupción fue tomada por organismos sociales y desde entonces brega contra resistencias.
En entrevista que hoy publica este diario, Marieclaire Acosta, quien ocupará desde mañana la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción señala a los partidos como uno de los frenos más importantes para que se completen los nombramientos pendientes, entre ellos el del fiscal y de los magistrados en la materia.
Si algunas resistencias han cedido es resultado de la presión ejercida desde trincheras ciudadanas que buscan fijar las bases para edificar instituciones que comiencen a cambiar el rostro del desempeño de la administración pública en el país.
A pesar de que la creación de un esquema anticorrupción fue una de las líneas que el actual gobierno se propuso al inicio de su gestión, ahora, casi al final, no ha sido posible instaurarlo plenamente. La voluntad política ha quedado corta frente a la exigencia de una sociedad involucrada en el objetivo de transformar la manera en que se utilizan los recursos públicos.
Encarcelar a gobernadores acusados de robo de recursos públicos es un gran paso, pero se necesita acercar a organizaciones civiles como garantes del correcto uso del presupuesto. En este tipo de cruzadas, ningún gobierno puede dejar fuera a los ciudadanos.
Como señala Acosta, el problema de la corrupción tiene efectos en diversos ámbitos: economía, seguridad, confianza en instituciones, ambiente. Por eso la importancia de ponerle diques sólidos.
Ningún país podrá evitar nunca que dejen de cometerse actos de corrupción, pero las naciones con estrictos controles han logrado niveles de desarrollo superiores. La clase política no tiene por qué frenar el arribo a ese puerto.
