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Perder el patrimonio adquirido durante toda una vida de esfuerzo, debido a una tragedia natural, es una experiencia amarga para cualquier persona o familia, pero saber que la reparación total o parcial de ese daño se encuentra atorada por intereses políticos, de grupos poco sensibles a demandas ciudadanas, se convierte en una sensación de impotencia ante el poder público.
En esa situación se encuentran cientos de familias damnificadas en la capital del país, las cuales, a casi 10 meses del sismo de septiembre de 2017, no tienen claro aún de qué manera van a ser apoyadas para no seguir en casas de campaña o hacinadas en viviendas de parientes o amigos.
La reconstrucción se ha convertido en un juego de fuerzas entre partidos políticos por los millones de pesos que involucra; en medio, con el reclamo y urgencia de que las obras se aceleren, se encuentran los damnificados.
El obstáculo más reciente a la canalización de recursos para edificar vivienda destinada a aquellos que perdieron su patrimonio el pasado septiembre se encuentra —una vez más— en la Asamblea Legislativa de la CDMX. Hace casi un mes la jefatura de Gobierno de la Ciudad envió una iniciativa para reformar el Presupuesto de Egresos con el fin de reasignar casi 700 millones de pesos para el Fideicomiso Público para la Reconstrucción. Sin embargo, para ello se requiere la “voluntad de los grupos parlamentarios” de convocar a un periodo extraordinario.
La respuesta desde la Asamblea no es optimista. El PAN argumenta que no hay condiciones por falta de quórum, pues muchos legisladores ya están en otras actividades y el PRD dice que se encuentra en una “ruta de análisis” con los grupos parlamentarios.
La actual administración se ha comprometido a dejar los trabajos de reconstrucción encaminados, pero con la falta de acuerdo no sorprendería que ni siquiera se den los primeros pasos.
En la falta de acuerdos entre funcionarios y legisladores la voz de los damnificados apenas se atiende. Estos, para ser tomados en cuenta tienen que bloquear vialidades, como lo han hecho en días recientes; únicamente así son vistos y escuchados. Las autoridades prácticamente han perdido la oportunidad de transparentar un proceso que implica el beneficio directo de familias capitalinas, y que pudo haber marcado procesos futuros. Llegó la hora de liberar los recursos.
