¿En qué empleo permiten ausentarse hasta seis meses —en varios casos con goce de sueldo— para ir en busca de un puesto mejor? ¿En qué empleo permiten que el ausente se reintegre a su tarea cotidiana a seguir cobrando? En el sector privado, en ninguno. En la administración pública es práctica común.
En las campañas electorales concluidas hace una semana al menos 795 candidatos pidieron licencia a su cargo de regidor, alcalde, diputado (local o federal), senador o incluso gobernador para competir por otro puesto de elección popular. Algunos lo hicieron desde las filas de un partido distinto y otros como independientes.
Entre los casos más famosos de chapulines están el de Jaime Rodríguez, quien pidió licencia a la gubernatura de Nuevo León para disputar la Presidencia de la República, aunque en su caso prácticamente equivalió a tomar seis meses de vacaciones. O el de un diputado de Baja California Sur, quien pretendió permanecer en la legislatura local, pero como candidato de otro distrito.
El Congreso también conoció del llamado chapulineo. En el último periodo ordinario de la 63 Legislatura, la Cámara de Diputados trabajó con 144 legisladores suplentes (casi la tercera parte), debido a que la mayoría de los propietarios solicitaron licencia para buscar brincar a un nuevo cargo de elección popular. En una sola sesión sesión, la del pasado 22 de marzo, la Mesa Directiva de la Cámara aprobó la solicitud de licencia de 51 legisladores.
Ahora, conocidos los resultados, 76 se reincorporan a sus “funciones legislativas” en el Senado y en la Cámara.
Su retorno es únicamente para cobrar su dieta y mensual y los diversos ingresos adicionales que van por cuenta del Congreso y de sus bancadas, pues las oficinas individuales de los legisladores están siendo desmanteladas para remodelarlas y asignarlas a los diputados y senadores de la 64 Legislatura que llegan en menos de dos meses. Además, las comisiones legislativas ya clausuraron sus trabajos.
No todos los que se reincorporarán resultaron derrotados; hay cuatro casos de legisladores que triunfaron, pero debido a que su nuevo cargo lo asumirán en tres, cuatro o cinco meses, aprovecharán y cobrarán al menos los dos últimos meses que le restan al periodo legislativo, que concluye el 31 de agosto y presenta una actividad reducida a su mínima expresión.
Los retornos de esos legisladores —de los que hoy da cuenta EL UNIVERSAL— tienen lamentablemente una lectura poco favorable, aunque ocurren dentro de la legalidad. Denotan una voracidad por los recursos públicos y un virtual abuso de un cargo de elección popular. Quienes fueron derrotados deberían preguntarse si la causa de su traspié no fue precisamente ese aferramiento a seguir manteniendo privilegios que la mayoría de la población carece. Parece que la lección no fue aprendida.
