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Dos de los delitos que han registrado un alza en los últimos años a lo largo de la República Mexicana son el abuso y la violencia sexual contra la mujer.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que presenta hoy EL UNIVERSAL señalan que entre 2015 y 2017 se iniciaron 102 mil 423 carpetas de investigación por ilícitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual. Como resultado de esos expedientes actualmente hay 20 mil personas en prisión, de las cuales 57% ya están purgando una condena y 43% aún se encuentran en proceso.
El aumento del delito ha llevado a las autoridades a crear una base de datos nacional, que puede ser una herramienta eficaz para ubicar las zonas de mayor incidencia e intervenir para prevenir ese tipo de acciones.
Por ejemplo, las primeras estadísticas refieren que las entidades con mayor tasa de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes son Baja California, con 69.6 casos; Chihuahua, 63.9; y Baja California Sur, 56.6.
Pero a nivel municipal, la población de Acuña, Sonora, encabeza la lista por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 97.4, seguida de Solidaridad, Quintana Roo, 82; Tecate, Baja California, 79.8; Cuernavaca, 78.5, y Ciudad Juárez, 76.3.
La identificación de ciudades con mayor incidencia debe facilitar el despliegue de políticas sociales enfocadas a prevenir el problema, en conjunto con campañas de convencimiento para que las víctimas acudan ante el Ministerio Público y tengan la confianza de que sus voces serán escuchadas.
Aunque la cifra de 20 mil acusados por ese delito puede ser baja en comparación con las investigaciones iniciadas (más de 100 mil) es un porcentaje elevado de impartición de justicia para los estándares generales que prevalecen en México.
En el país es momento de que la generación de datos sean de utilidad para poner en marcha acciones de inteligencia que contribuyan a disminuir o incluso prevenir la comisión de delitos.
Los números que está arrojando la plataforma sobre agresiones sexuales no deben ser ignorados, por el contrario autoridades municipales, estatales y federales deben aprovecharlos para plantear una solución integral al problema de la agresión sexual a mujeres.
Es una buena oportunidad para marcar un alto a un problema que tiene raíces machistas, al considerar a la mujer como un objeto, y que requiere acciones nacionales en escuelas, hogares y lugares de trabajo. Si la autoridad tiene los datos de las poblaciones donde se presenta el mayor nivel de incidencia, no hay que desaprovecharlos.
