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Se acerca un nuevo año y con él la presión para ajustar precios de buena parte de bienes y servicios tanto públicos como privados. Muchos incrementos se dan en la misma proporción que la inflación registrada en el año transcurrido y otros tantos por arriba de ese índice.
Uno de los productos cuyo precio ocasiona un efecto dominó en el costo de la mayoría del resto de los artículos de consumo diario es el combustible.
De noviembre de 2016 a noviembre de 2017 la evolución del precio del litro de la gasolina Magna fue de 13.98 pesos a 16.74, de la Premium de 14.81 pesos a 17.98 y del Diesel de 14.63 pesos a 17.44. Incrementos de 20% en promedio. Analistas han atribuido principalmente al llamado gasolinazo los niveles de inflación actuales que se ubican en 6.3% anual.
A pesar de que la cartera de millones de mexicanos aún resiente los efectos de esa alza, empresarios gasolineros anticiparon el miércoles un aumento de hasta 20% en el precio de los combustibles para 2018.
Tan criticable es que empresarios salgan a esparcir vaticinios —quizá para sondear la reacción oficial— como la respuesta gubernamental de no fijar una postura tajante de que combatirá incrementos fuera de lo “normal”.
La reacción de la autoridad fue descalificar las declaraciones por “falsas y sin sustento”, aunque sólo alcanzó para asegurar que el precio se mantendrá sin cambios de aquí al fin de año.
A lo anterior se agrega el anuncio que hizo ayer la Comisión Reguladora de Energía respecto a que se adelantará al 30 de noviembre la liberalización de los precios de la gasolina en todo el país, un proceso que comenzó en marzo, y que implica que el mercado determinará los precios de los combustibles en lugar del gobierno federal. Noticia que genera en principio más incertidumbre sobre el precio que tendrá la gasolina.
En la definición del precio de los energéticos intervienen de manera central tres factores: el precio internacional del petróleo (que se ha mantenido al alza), la paridad peso-dólar (la moneda mexicana se ha debilitado en las últimas semanas) y los costos de transportación (a menor infraestructura mayor repercusión en el precio final). Por lo tanto, el escenario no es muy halagador.
A principios de año se vivieron escenas de enojo social por el alza en combustibles. Es de esperar que se haya aprendido la lección para evitar ese tipo de manifestaciones. El Estado debe actuar como regulador y olvidar las comparaciones poco afortunadas que acostumbran hacer funcionarios federales en el sentido de que hay países con gasolinas a mayor precio que el nuestro. El mexicano común únicamente percibe cómo salen más pesos de sus bolsillos para pagar precios más altos, sin que ingresen —en la misma proporción— más pesos por su salario.
