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En 2004 los índices de secuestro que se registraban en esa época motivaron a que se realizara la Marcha del Silencio contra la Inseguridad y el Secuestro que reunió —según los organizadores— a 350 mil personas en la Ciudad de México y varios miles más en ciudades de 16 estados. Catorce años después la situación permanece casi sin cambio y los casos de plagios marcan un nuevo récord.
Que a casi década y media de la movilización de buena parte de la sociedad se vuelva al mismo punto, o a uno peor, es decepcionante, por decir lo menos.
EL UNIVERSAL informa hoy que el delito de secuestro aumentó 22% durante los primeros cinco años y dos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, en comparación con el mismo periodo de Felipe Calderón, por lo que es inminente que al final de la actual administración se establezca un registro histórico en el número de casos.
Los recursos para combatir el delito no han escaseado y las acciones para intentar frenarlo han sido varias. Más de 2 mil 200 millones de pesos se han asignado a las cinco regiones en que dividió al país la Coordinación Nacional Antisecuestros, creada a inicios de 2014 con el fin de unificar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones de los responsables de la seguridad pública del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México. El surgimiento de esa instancia es quizá la acción más relevante de la estrategia antiplagios.
¿A qué atribuir que no se obtengan los resultados deseados a pesar de los esfuerzos?
Expertos han señalado como causa principal la excesiva dependencia que hay en las fuerzas de seguridad locales respecto al apoyo federal para contrarrestar el secuestro. Las corporaciones municipales y estatales serán siempre el primer frente contra la delincuencia, por lo que su capacitación, profesionalización y dotación de equipo debe ser constante.
La percepción en testimonios recabados por este diario es de colusión entre elementos de seguridad locales y el crimen organizado. Eso es un punto que debe cambiarse en el corto plazo, pero está visto que las acciones hasta ahora realizadas han sido infructuosas.
En un país en el que incluso se han sumado nuevas “modalidades” de secuestro (exprés, virtual), lo peor que puede ocurrir es la normalización de ese y cualquier delito.
Las debilidades están señaladas, la ciudadanía reclama seguridad. Es hora de que se hagan los ajustes necesarios y de conocer propuestas concretas de quienes aspiran a gobernar este país.
