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Se cumplió un año del asesinato, aún irresuelto, de la periodista chihuahuense Miroslava Breach y de manera casi coincidente, el jueves 22, otro periodista, Leobardo Vázquez, fue asesinado arteramente en nuestro país, de nueva cuenta en Veracruz.
Esto muestra una vez más que México, a la par de naciones en conflictos armados, desafortunadamente continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para la práctica del periodismo y por ende también para la libertad de expresión: solamente durante 2017 fueron asesinados 12 periodistas en diversos hechos de violencia en el territorio nacional.
De acuerdo con la CNDH, desde el año 2000 a la fecha se contabilizan 133 periodistas asesinados, siendo justamente Veracruz el estado con más casos a nivel nacional —se cuentan 22 asesinatos de periodistas en territorio veracruzano desde 2000.
Y como ha sucedido en prácticamente todos los casos enumerados, la mayoría de los cuales, por cierto, permanecen impunes, en esta ocasión las autoridades también han tratado de negar —de manera por demás burda— que la profesión periodística sea el motivo del crimen, y han querido desviar la investigación hacia otros móviles.
Aunque efectivamente los motivos detrás del asesinato de un periodista pueden no estar necesariamente relacionados con su quehacer periodístico, e incluso ser los de cualquier otro crimen de este tipo, las circunstancias particularmente explosivas para los comunicadores en múltiples regiones de México, de lo cual Veracruz es un triste ejemplo —entiéndase violencia y acoso por parte tanto de miembros del crimen organizado como de funcionarios o agentes del Estado corruptos—, es irresponsable, y en todo caso una estrategia poco inteligente de control de daños, el descarte casi automático que nuestras autoridades hacen en sus pesquisas, del hecho altamente probable de que estos asesinatos son a causa de coberturas periodísticas incómodas, hipótesis que más bien debiera colocarse como primera línea de investigación.
Por ello es tan importante que ahora las autoridades de procuración de justicia realicen, con absoluta objetividad, pulcritud y rigor, una investigación que evite, como prácticamente todos los anteriores, que este caso quede en la impunidad. Y de paso se abstengan de —como ayer lo hizo el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, al pedir “no exagerar” el asesinato de Leobardo Vázquez— caer en simplificaciones insensibles y en deslindes ofensivos.
No es suficiente que el gobierno se excuse diciendo que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que gasta millones para prevenir más asesinatos. Ante tal indefensión de la prensa, quien más pierde es la propia ciudadanía.
