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Matar representa atentar contra el principal derecho del ser humano. Por esa razón todas las sociedades prevén las penas más altas para castigar a quien ha incurrido en ese delito.
Pero ¿es válido que un Estado mate a quien privó de la vida a otra persona o debe darse prioridad a la rehabilitación? Con cada vez un menor número de países que mantienen la pena de muerte y una mayoría que ha decretado su abolición, el mundo ha definido su postura sobre el tema.
La pena de muerte aún se practica en varios países. De acuerdo con Amnistía Internacional, China, Irán, Arabia Saudita, Irak, Paquistán y Egipto fueron las naciones con mayor número de ejecuciones en 2016. A ese grupo se suma Estados Unidos, que ocupó el séptimo sitio en aplicación de la pena capital.
En las cárceles estadounidenses decenas de mexicanos están a la espera de ser ejecutados, lo cual trae nuevamente a debate la defensa legal que obtienen los connacionales en Estados Unidos y si sus juicios se apegaron totalmente a derecho.
En todos los casos, los abogados de los detenidos y el gobierno mexicano no cuestionan la comisión de los graves delitos de los que son acusados, sino que los procesos se hayan desarrollado en la ilegalidad, pues no se respetó el derecho de los detenidos de avisar sobre su situación al consulado mexicano. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ha dado la razón a México al considerar que en más de 50 expedientes se violó la Convención de Viena sobre derechos consulares. Con el argumento de su soberanía estatal, Texas ha negado la revisión de los procesos.
Si hay un país que presume de cumplir la ley de manera estricta, es Estados Unidos. La primera y elemental comunicación que se hace a todo detenido es justamente, entre otros puntos, el de guardar silencio y el derecho de hablar con un abogado, la famosa Advertencia Miranda que todos los agentes de policía estadounidenses deben pronunciar en el momento que arrestan a una persona. No hacerlo puede echar abajo un proceso.
