Más Información
Read in English
Los árbitros electorales necesitan fortaleza institucional para ejercer sus funciones a plenitud, así como la debida credibilidad que legitime todo proceso. Del mismo modo y de acuerdo con la importancia de su función, requieren mesura en el ejercicio de los recursos, para que elegir gobernantes se ajuste a la realidad económica de la democracia que defienden.
Sin embargo, hoy los árbitros electorales, a nivel estatal, son seriamente cuestionados por la ciudadanía. De acuerdo con una investigación que hoy presenta EL UNIVERSAL, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) llegan a la jornada del 1 de julio próximo en medio de polémicas, excesos y, en algunos casos, falta de legitimidad.
En todo caso, es necesario comprender el contexto en el que se han desenvuelto los OPLES en los últimos años. Se trata de organismos que fueron reformados en 2015, cuando al naciente Instituto Nacional Electoral (INE) se le adjudicó la responsabilidad sobre aquellos, que hasta entonces eran autónomos.
Como demuestra este trabajo periodístico, las lógicas locales, los vicios institucionales y las rutinas administrativas prevalecieron en el tiempo, de tal modo que las problemáticas permanecen vigentes. En términos presupuestales, a los OPLES se les destinan abundantes recursos que no son adecuadamente vigilados, sobre los cuales prevalece la opacidad y no se rinden cuentas.
En la evidencia presentada existen casos en los que las propias autoridades electorales locales deciden sus compensaciones salariales, por lo que se han reportado claros abusos al erario. En otros muchos ejemplos, el ejercicio de recursos fue injustificado y sin reglas claras. No se trata de situaciones aisladas, sino de fallas de diseño legal e institucional que están minando la credibilidad de los árbitros electorales locales a los ojos de la ciudadanía.
Un elemento más a considerar es que dentro de los OPLES hay consejeros electorales que han sido señalados por su cercanía con los diferentes partidos políticos. Algunos únicamente son reconocidos simpatizantes, pero en otros casos se trata de ex funcionarios partidistas y hasta de militantes. Es decir, aun con la reforma electoral de hace tres años, nada ha impedido a los partidos políticos mantener presencia e influencia en los órganos clave de decisiones electorales, lo que vicia de inicio cualquier proceso.
A partir de este panorama, y pasado el proceso electoral en curso, se hace necesario replantear el papel de los OPLES de cara a la validez de los comicios que arbitran, a la credibilidad que ofrecen a los votantes, a la legalidad de las decisiones que toman sobre los recursos que ejercen. En la base de la democracia, en lo local, y es donde hay que poner la atención para que resulte fortalecida.
