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Hace más de medio siglo los destinos turísticos de México comenzaron a adquirir fama internacional. En ese entonces Acapulco fue punta de lanza y centro de reunión de importantes figuras tanto del mundo social como de personajes de Hollywood. Con los años surgieron Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y la Riviera Maya, los cuales son referencia a nivel global.
Para el país, el turismo se ha convertido en la tercera fuente de ingresos de divisas y en un sector que genera unos 10 millones de empleos. México es el octavo país que más turistas recibe y la riqueza que produce representa 8.7% del producto interno bruto. Es una actividad dinámica y pujante.
¿Qué pasaría si los centros turísticos replican a la perfección o de forma magnificada el problema más grave de México que es la violencia y la inseguridad? La consecuencia sería el retiro de visitantes, lo que representaría un duro golpe a la economía nacional y a los bolsillos de miles de familias.
Hasta ahora los hechos violentos han sido esporádicos en Los Cabos y Cancún, dos de los sitios con mayor recepción de visitantes extranjeros, pero el sector turístico de Acapulco ya conoce bien el efecto que tiene la violencia. El puerto ha tenido que sortear temporadas de ausencia de visitantes por situaciones de inseguridad.
Con el fin de propiciar mayores condiciones de tranquilidad entre la población, ayer se anunció el despliegue de 5 mil efectivos federales —“en principio”— en Los Cabos, Cancún y Manzanillo, además de Colima, Tecomán y Ciudad Juárez.
La presencia de elementos de seguridad y sus recorridos por los principales sitios públicos ofrecerán un sentimiento de confianza a visitantes y pobladores de los destinos turísticos, pero difícilmente resolverán el problema de fondo.
Diversas ciudades y entidades bajo el asedio de grupos criminales han sido escenario de operativos federales con los resultados conocidos: contención momentánea del problema, pero no soluciones de largo plazo.
La solución integral pasa por muchos escritorios. Desde la autoridad local para dotar de recursos y capacitación a sus cuerpos de seguridad, y para desarrollar estrategias que modifiquen estructuras sociales carcomidas por la ilegalidad, hasta por la aplicación plena de la justicia con el objetivo de que cada delito sea castigado y no reine la impunidad.
Proteger la actividad turística debe ser prioridad, pero más que demostración de fuerza hace falta ir más allá para alentar un cambio de raíz. Esperemos que este sea solo un primer paso.
