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Una coincidencia de todas las democracias avanzadas, de todos los países que han alcanzado garantizar el bienestar básico de sus poblaciones, es el respeto a los derechos humanos. En México, desafortunadamente, tanto a gobernantes como a la población les cuesta trabajo entender que ese principio básico de civilidad es necesario para lograr los otros conceptos a los que sí otorgamos prioridad, como la seguridad y la justicia social.
En el debate realizado ayer entre candidatos presidenciales, el tema de los derechos humanos fue uno de los que menos tiempo les ocupó, sin embargo, la forma como atajen los pendientes en este ámbito determinará en gran medida el éxito o fracaso de la gestión de quien gane los comicios del próximo primero de julio.
Parte de la razón por la que los niveles de seguridad en México no han podido mejorar desde hace 10 años, es porque la estrategia contra el crimen de la mayoría de los gobiernos federales, estatales y municipales se ha centrado en incrementar la capacidad del uso de fuerza del Estado, sin que ello venga aparejado de las garantías necesarias para que los inocentes no queden atrapados en medio de la refriega desatada.
Cuando la gente reclama, cegada por la rabia, que se haya liberado a un detenido por no haber respetado sus derechos humanos, no entiende que es precisamente esa regla —que exige a policías y fiscalías actuar sin brutalidad— la que nos protege a todos ante la posibilidad de ser acusados, sin pruebas, de ser criminales. No solo eso: un proceso penal que respeta los derechos de los acusados, es también una garantía para las víctimas y la ciudadanía, una garantía de que se hará justicia a los verdaderos responsables y no a cualquiera a quien se haya decidido usar como chivo expiatorio.
La historia de la “justicia” mexicana está plagada de inocentes metidos a la carcel por gobiernos a los que les urgía complacer a una opinión pública que solo quería culpables, no evidencias.
En el Dossier de Seguridad publicado hoy en este diario, los defensores de derechos humanos advierten que el gatopardismo ha imperado en el discurso oficial. Se conforman los funcionarios con decir que se han cambiado las leyes, aunque la aplicación de las mismas haga que la realidad no mejore.
Si el próximo presidente o presidenta quiere lograr paz y justicia, la única manera de hacerlo es garantizar el respeto a los derechos humanos. La vía fácil, la de perseguir con un garrote a quien se atraviese, satisface momentáneamente la sed de venganza, pero no conseguirá tranquilidad para todos.
