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A lo largo del siglo pasado y hasta 2016 las quejas contra la justicia mexicana iban en el sentido de personas que pasaban años tras las rejas sin que se les dictara sentencia; de otras que pasaban años recluidas y al final eran declaradas inocentes. Se decía que la cárcel estaba llena de pobres, de aquellos que no podían pagar una buena defensa o comprar un poco de justicia.
En 2008 se reformó la ley para que ocho años después entrara en vigor un nuevo sistema. Quedaría atrás aquel que veía culpable al detenido y exigía la confesión del acusado para responsabilizarlo de algún delito. ¿Cuántas confesiones se obtuvieron bajo tortura? Difícil saberlo.
En 2016 entró en vigor un esquema que propugna la inocencia del detenido, que exige al acusador (policías, peritos, ministerios públicos) presentar pruebas para que alguien pueda ser sujeto de un proceso penal, que simplemente pide investigar los hechos y aportar pruebas en las cuales se sustente cualquier acusación… lo anterior, para no llenar las cárceles de presuntos culpables. En suma, un modelo más exigente –profesional– para aplicar la justicia.
Ahora, aunque hay delitos en los cuales la sociedad reclama un culpable, es deber de la autoridad encontrarlos, no fabricarlos.
En los primeros minutos de este martes fue puesto en libertad un hombre a quien se le imputó la muerte de una mujer en la capital del país, ocurrida el 27 de diciembre. La fiscalía presentó al principio evidencias que un juez consideró válidas para su detención. En su oportunidad, la defensa ofreció pruebas de que el acusado no se encontraba en el país cuando se cometió el crimen, por lo que fue puesto en libertad.
Así de sencillo es el sistema. No basta con que una parte simplemente acuse. Los gobiernos locales suelen adoptar el camino fácil y responsabilizar al modelo judicial en lugar de reconocer la falta de rigor en las pruebas presentadas.
¿Acaso se extrañan los distintos “medios” que se utilizaban para obtener confesiones y el abuso de la prisión preventiva?
El objetivo del nuevo modelo es precisamente proteger las garantías de quien es señalado por un delito. Además de defender la idea de que en las cárceles sólo deben estar aquellos que han cometido ilícitos graves o quienes han reincidido. Esto serviría, al mismo tiempo para despresurizar el hacinamiento carcelario y las “escuelas del crimen” en que se convirtieron los penales.
El sistema avanza, quizá con fallas que es necesario corregir, pero una cosa es cierta: no sirve para cubrir la ineficiencia de la autoridad.
