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La conmemoración del primer aniversario del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, no pudo ser más trágica. Del otro lado del país, en Villahermosa, Tabasco, fue asesinado ayer el conductor de noticieros de radio y televisión Juan Carlos Huerta Gutiérrez. Al salir de casa en su vehículo, fue interceptado por otro automóvil de donde bajó un sujeto y le disparó.
A un año de distancia poco ha cambiado el clima para los trabajadores de los medios de comunicación. La inseguridad que se registra en amplias zonas de México repercute también en la labor de periodistas, quienes además de las presiones de personajes políticos, enfrentan las frecuentes amenazas de grupos criminales para publicar alguna información o censurarla.
Las cifras sobre ataques a la prensa son de sobra conocidas. Están a la espera del nuevo hecho trágico para ser retomadas. Antes del crimen en Villahermosa, en abril, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había reportado que México se ubica en el número uno de lista de comunicadores asesinados en la región con 12 muertos en 2017. Precisó que de octubre al mes pasado cuatro de los 14 crímenes registrados en América Latina sucedieron en México, situación que “representa la mayor afrenta a la libertad de expresión en este país”.
Con el asesinato de Huerta Gutiérrez son cinco las muertes de comunicadores en lo que va de 2018. Antes fueron asesinados Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo; la bloguera Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas, en Guerrero; Gerardo Martínez (editor de EL UNIVERSAL), y Leobardo Vázquez, en Veracruz.
Lamentablemente el tema no es nuevo. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registran 133 homicidios de periodistas, 14 de los cuales son mujeres, del año 2000 a la fecha. En los últimos 12 años se han cometido también 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.
La situación deviene en un hartazgo por la incapacidad del Estado de garantizar la protección de periodistas en el país, y de llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como intelectuales. Se han creado instancias para apoyar a reporteros y a activistas sociales, pero los hechos las descalifican en automático.
Mientras no haya castigo contra los perpetradores no se puede esperar una nueva realidad. La libertad de expresión y los familiares de los periodistas asesinados continúan esperando un acto de justicia.
