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Los organismos autónomos en México son instituciones que surgieron en la compleja dinámica de una tradición autoritaria con el fin de colaborar en el tránsito hacia la consolidación democrática. Su papel tiene que ver con el establecimiento de lineamientos y contrapesos en temas fundamentales que dan sustento a la vida pública: transparencia y rendición de cuentas, asuntos electorales, derechos humanos, política monetaria, telecomunicaciones, entre otros.
Uno de los roles primarios de los organismos autónomos es ofrecer certezas en el arbitraje de los conflictos legales que surgen en lo cotidiano sobre los temas que les ocupa. No pueden, bajo ninguna circunstancia, emplear la arbitrariedad como herramienta para la resolución de los conflictos porque estarían violentando su propia razón de ser.
Como da a conocer hoy EL UNIVERSAL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo, tenía elementos para evitar que la empresa Tecnoradio participara ilegalmente en licitaciones de frecuencias de radio, pero incumplió con esta responsabilidad. Más aún, además de permitir la participación de esta empresa en el proceso, el IFT ha llamado a testificar a quienes dieron a conocer el caso en los medios de comunicación.
De esta forma, el IFT requirió los testimonios del abogado Javier Tejado Dóndé, colaborador de esta casa editorial, y del periodista Joaquín López-Dóriga. En la demanda interpuesta se presume la falsificación de documentos, uso de los mismos y fraude en grado de tentativa de parte de Tecnoradio y sus directivos, pero es a estos personajes, y no a los presuntos responsables, a los que el IFT reclama sin que sean parte del conflicto.
En una práctica similar incurrió el Instituto Nacional Electoral (INE) al citar a los periodistas Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva por ser parte involuntaria de un spot del precandidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, en su querella particular contra EL UNIVERSAL.
En ambas situaciones, los organismos autónomos pierden de vista que se debe procesar legalmente a quienes infringen las leyes, no a quienes cumplen su deber al informar sobre hechos que son de interés público. La incompetencia demostrada no es comprensible salvo que tanto el IFT como el INE busquen trasladar su grave responsabilidad a terceras personas, quienes no son en ningún sentido parte de los conflictos que se pretende resolver.
Las instituciones públicas existen fundamentalmente para el servicio y fortalecimiento de la democracia. Los intentos de acallar a los medios de comunicación y sus profesionales desde los organismos autónomos es un acto que vulnera a la democracia misma. Esto no puede pasar en un contexto como el que vive el país, en un año tan complejo como el actual.
