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El nivel de corrupción en México una vez más fue puesto en evidencia luego de que la organización Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2017. En el reporte el país retrocedió respecto a 2016. Además, se colocó como el peor evaluado tanto en el Grupo de las 20 naciones más desarrolladas (G20) como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En principio parecería contradictorio que ahora que existe un Sistema Nacional Anticorrupción, que hay acceso a la información gubernamental y que se cuenta con la Auditoría Superior de la Federación la calificación sea más baja que la obtenida en 2016 y no se pueda mejorar la percepción de que hay avances en el combate al mal uso del gasto público.
Sin embargo, hay varias posibles explicaciones para ello. La principal es que se denuncia, pero rara vez se investiga o los casos no se arman de manera correcta y no se ejerce acción penal contra los responsables. La opinión pública aún está a la espera de conocer la investigación en torno a ex funcionarios vinculados con Odebrecht, la empresa brasileña que inundó América Latina con millones de dólares en sobornos para obtener contratos gubernamentales. En varios países hay decenas de funcionarios en prisión, excepto en México.
Otra explicación es que las fuerzas políticas no muestran interés para nombrar a las cabezas de dependencias como la Fiscalía General de la República, fiscalía anticorrupción e inclusive la Auditoría Superior. ¿Cómo puede garantizarse una adecuada impartición de la justicia e investigaciones correctas si no hay un responsable visible en esas oficinas?
También están pendientes de ser nombrados los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, integrante del Sistema Nacional Anticorrupción.
Parece que la indiferencia es la sensación que domina. Lo que para grupos de ciudadanos es de vital para importancia, para funcionarios y partidos resulta no serlo.
Con el índice publicado ayer, Transparencia Internacional se suma a una amplia lista de organismos no gubernamentales que arrojan datos que confirman las graves carencias en México en muchos ámbitos de la vida pública; mientras, quienes tienen poder de decisión para comenzar a revertir la situación están concentrados en la contienda electoral o en resolver su futuro político.
Con legisladores que no están al 100% en su deber, poco se podrá alcanzar en el corto plazo. La indiferencia puede resultar muy cara y traducirse en años de atraso y nuevos informes negativos .
