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México conoció la alternancia política en el año 2000, luego de más de 7 décadas en la que un partido dominó la Presidencia del país. Muchas esperanzas de cambio surgieron por ello. Se han dado avances, principalmente en el ejercicio de libertades, de transparencia en el gasto público y en la consolidación democrática, pero a casi 20 años de distancia el problema de la impartición de justicia y la erradicación de impunidad sigue siendo un tema que de manera evidente no se ha alcanzado.
Este lunes se cumplen dos años de la puesta en marcha de un sistema de justicia penal diferente al que prevaleció en México, y la evaluación que hace el World Justice Project no es nada halagadora. Muchos de los abusos que se cometían en el anterior sistema se mantienen.
De acuerdo con estudios del organismo, 47% de los presos bajo el nuevo marco legal asegura haber sufrido amenazas o ser inculpado con evidencia fabricada; además, 52% de los reos aseguró haber enfrentado incomunicación bajo el nuevo sistema penal, mientras que en el anterior sistema la cifra era de 61%; el cambio total está pendiente.
Como una prueba más de que las regiones del país avanzan a velocidades diferentes, el organismo considera que sólo en ocho estados el sistema acusatorio ha tenido éxito. En entidades como Chihuahua, Baja California, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas –aunque especialmente en la primera– la cifra de personas en prisión que han sido declaradas culpables es mayor al promedio nacional y son más los detenidos con orden de aprehensión.
Una de las apuestas del sistema acusatorio es impulsar la investigación y las tareas de inteligencia para recabar pruebas contra los detenidos, y así dar paso a una justicia efectiva. Sin embargo, el más reciente reporte del Índice Global de Impunidad que realiza la Universidad de las Américas Puebla ubica a México en el primer lugar de impunidad en el continente americano y en el cuarto a nivel mundial. El mismo documento reconoce que no se pueden adjudicar los datos a fallas en todo el sistema de justicia.
Conviene recordar que los juicios orales descansan sobre un mecanismo en el cual la prisión preventiva no es sinónimo de justicia, pero ha faltado capacitación de policías –primeros actores del sistema acusatorio– y de los ministerios públicos al no realizar investigación eficiente y presentar únicamente declaraciones de imputados como pruebas, incluso con irregularidades.
Como en todo proceso de cambio urge modificar aquello que no está cumpliendo con lo esperado y consolidar lo que marcha bien. La reforma no está acabada, hay instancias que están incumpliendo compromisos. A ellas hay que exigir resultados.
