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Las alertas de viaje que con frecuencia emite Estados Unidos para que sus connacionales se abstengan de visitar ciertas zonas o ciudades de México son —hasta cierto punto— comprensibles, pues el gobierno estadounidense no tiene injerencia para poder garantizar la seguridad de sus ciudadanos fuera de su territorio. En las oficinas mexicanas ese tipo de advertencias usualmente son descalificadas y consideradas una sobrerreacción del país vecino.
Algo similar ocurre ahora, pero a nivel local. Este martes el gobernador interino de Nuevo León recomendó a ciudadanos de la entidad no incluir en sus planes viajar por territorio tamaulipeco “o hacerlo con mucho cuidado” pues Tamaulipas tiene “muchos problemas de inseguridad”. La declaración suscitó respuestas del mandatario tamaulipeco el mismo martes y ayer miércoles, en el sentido de que su homólogo no tiene por qué andar opinando de lo que ocurre en otros estados y aseguró que hay más robos y violencia en Nuevo León que en Tamaulipas.
Dos gobernadores de estados vecinos en medio de acusaciones mutuas, mientras la inseguridad permea en importantes ciudades de la región, es un mal mensaje. Parece que importa más tratar de cuidar la imagen oficial que llegar a acuerdos para proteger a la población.
Cuando el gobernador de Nuevo León alertó a ciudadanos para no visitar Tamaulipas, también expresó que hay coordinación con las autoridades vecinas, entonces ¿por qué no plantear que se reforzará esa colaboración para que los viajeros puedan transitar sin riesgos?
Cuando el gobernador de Tamaulipas respondió airado que en suelo neoleonés hay más violencia, ¿por qué no invitó a habitantes de Nuevo León a visitar los sitios turísticos tamaulipecos ofreciéndoles tranquilidad durante su estancia?
¿Acaso la coordinación solo está en el discurso y no en los hechos? ¿Quizá los gobernadores no pueden garantizar seguridad?
Por parte de fuentes oficiales siempre se destaca que en materia de seguridad hay coordinación entre los tres niveles de gobierno (municipal, estatal, federal), pero todo apunta a que hay fallas en la coordinación entre pares (estado-estado).
Si se diera un mayor acercamiento podría frenarse, al menos, el modus operandi al que recurren bandas criminales para mantener la impunidad: cometer ilícitos en una entidad y refugiarse en otra; las zonas colindantes entre la capital del país y el Estado de México conocen de ese método.
En lugar de que dos mandatarios se lancen críticas, la ciudadanía espera que los gobernantes pongan en primer lugar a la población. De darse una cabal coordinación y cooperación estado-estado en materia de seguridad, en muchas regiones del país podría estarse hablando de una situación criminal muy diferente a la que impera actualmente.
