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La competencia no es un tema profundamente arraigado en la cultura empresarial mexicana. Durante décadas este país sólo conoció una televisora, una telefónica, una panificadora y unos cuantos bancos. El sector privado ha oscilado entre monopolios y oligopolios.
A raíz de la apertura que emprendió México desde finales de la década de los 80 el escenario comenzó a modificarse de manera paulatina. Los cambios son notables, por ejemplo, en telecomunicaciones y en el sector bancario. Hay diversidad de ofertas con las cuales el único beneficiado es el usuario.
Uno de los sectores que recientemente se abrió a la competencia fue el de la venta de gasolina. Aunque los dueños de las estaciones de servicio eran particulares, la marca siempre fue Pemex, así como el único distribuidor.
Desde hace algunos meses cada gasolinera tiene una marca distinta, grupos extranjeros pueden invertir en el sector y el precio se liberó. Cada estación vende los combustibles a un costo diferente, por lo cual el cliente tiene la libertad de elegir la gasolinera que mejor convenga a su bolsillo.
Todo suena muy bien, pero la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, dio a conocer ayer que investiga posibles prácticas de gasolineros que atentan contra la competitividad. En el último año, de acuerdo con el organismo, 10 por ciento de las estaciones de servicio en el país han cambiado de razón social.
¿Cuál es el riesgo? Que las compras o fusiones de gasolineras sean aprovechadas para realizar “alianzas” que vayan en sentido contrario a la anhelada competencia. El surgimiento de grupos con poder en el sector representaría la posibilidad de desplazar a competidores, establecer barreras o impedir el acceso de nuevos jugadores, y eventualmente establecer prácticas monopólicas en perjuicio del consumidor.
Una investigación similar se conoció hace unas semanas en el mercado de distribución y comercialización de gas LP, cuyo precio ha aumentado entre 34% y 50% en el último año.
La liberación de mercados en el país se pensó siempre en el beneficio de los usuarios. La premisa es: a mayor número de empresas en un sector, mayor competencia por ganarse clientes con mejor servicio y mejores precios. Sin embargo, lo que alcanza a mostrar el sector energético es la colusión de algunos competidores en detrimento de millones de mexicanos.
Es en este punto donde se requiere la obligada intervención del Estado como regulador y con resultados lo más inmediatos posibles. Investigaciones que lleven meses o años no serán nada útiles.
