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¿Cuántos leen con detenimiento o al menos revisan rápidamente los “términos y condiciones” que aparecen cada vez que se ingresa a una nueva aplicación desde el teléfono móvil o a cualquier red social?
Si lo hicieran sabrían, por ejemplo, que el servicio de música por streaming más popular en México establece que los usuarios renuncian a la posibilidad de iniciar una demanda colectiva contra la empresa.
Si los consultaran se enterarían que la red social con mayores usuarios en el mundo y en nuestro país es virtualmente un espía que nos sigue a todos lados pues recopila información “de las computadoras, teléfonos y otros dispositivos” para entregarla a terceros.
Con el objetivo de que la tecnología nos facilite la vida en distintos aspectos, la sociedad actual ha renunciado a la privacidad y por lo tanto acepta que grandes consorcios de alcance mundial tengan acceso a sus filias y fobias como usuarios de servicios.
Pero cuando esa información se utiliza con un fin político, el de inducir una conducta para que alguna persona alcance el poder en un país, es válido preguntar si esa acción es éticamente aceptable.
Desde el pasado fin de semana se conoció que la empresa Cambridge Analytica está bajo investigación por haber tomado —vía Facebook— datos de 50 millones de estadounidenses para elaborar contenido específico dirigido a ellos con el fin de que apoyaran a Donald Trump en los comicios presidenciales de 2016. Sobre la empresa también está la sospecha de haber influido en el plebiscito para elegir la salida o permanencia de Gran Bretaña de la Unión Europea, así como en otros comicios.
La situación está haciendo tambalear al gigante de las redes sociales que, en un principio, se dijo engañado por Cambridge Analytica, pero ayer el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aceptó haber cometido errores.
Esa misma red social es con la que el Instituto Nacional Electoral, a principios de febrero, firmó un convenio de colaboración con vistas al proceso electoral del 1 julio. Un acuerdo del que no había versión pública, pero del cual EL UNIVERSAL difundió todos sus puntos. Entre ellos, que no está incluido lo que para el INE es el aspecto central: el combate a las noticias falsas o “fake news”. Incluso hay más obligaciones del INE con Facebook, que en sentido contrario.
La sombra de la duda crece cada vez más sobre el uso que las grandes tecnológicas hacen de los datos de sus usuarios. En distintos países hay casos de intervención para influir en opiniones, conductas y acciones de ciudadanos. En México sería oportuno conocer todos y cada uno de los “términos y condiciones” del acuerdo con Facebook... para que no haya sorpresas más adelante.
