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El periodo de precampañas que concluyó el domingo en teoría debió servir para que luego de esta exposición a “militantes y simpatizantes” los institutos políticos contaran con argumentos para elegir al candidato idóneo para la campaña que iniciará el 30 de marzo.
Sin embargo, en los hechos las principales fuerzas ya tenían a sus abanderados y los recorridos que éstos hicieron por el país resultaron un primer tiempo, como en un partido de futbol, o un primer round, como en una pelea de box, para medir al rival. Aunque los dos meses de spots, mítines y discursos se apegaron a lo que marca la ley, para algunos expertos resultaron una simulación.
La etapa recién terminada sirvió para conocer la escasa democracia que se vive dentro de los partidos, situación que resulta contradictoria, pues el eje de sus decisiones y designaciones deberían ser tomadas por la mayoría. Bajo el disfraz de “unidad”, la señal que se envió a la ciudadanía es que las determinaciones fueron adoptadas por sectores dominantes al interior de las agrupaciones. ¿Dónde queda la sana competencia y el planteamiento de distintas visiones dentro de los partidos en la selección de candidato presidencial?
El periodo concluido dibujó también lo que muy probablemente serán los 90 días de campaña presidencial: más descalificaciones que propuestas, así como el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas de uno u otro aspirante.
En los 90 días que durarán las campañas, tendría que darse un giro en los discursos para dejar los ataques al contrincante y dedicar tiempo y esfuerzo a detallar las soluciones a los graves problemas que enfrenta el país como inseguridad, bajo crecimiento económico y pobreza. Hacer a un lado las denostaciones serviría también de blindaje ante posibles actos de violencia generados por el fanatismo político.
Para el buen término del proceso electoral –en las primeras horas del 2 de julio, cuando se tengan datos consolidados del resultado de la votación– será necesario que el INE, como organizador de los comicios y escrutador de los votos, actúe de manera transparente para dar certeza a los resultados, que los candidatos reconozacan las cifras finales y acepten triunfos y derrotas —cualquier irregularidad tendrá que ser documentada y canalizada ante la autoridad electoral—, y que la ciudadanía haya ejercido su derecho de elegir a sus gobernantes y después exigir que se cumpla lo planteado en las campañas.
El país entrará en unas semanas en la recta final del proceso para renovar el Congreso de la Unión y al Presidente de la República. Lo bueno y malo que se dio en estas últimas ocho semanas, deberá ser evaluado para que el país siga avanzando en su consolidación democrática.
